Hace dos años, justo por estas fechas, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos en la que se preveía incluir la creación de un bono social del gas para las familias más vulnerables. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Energía
Una ayuda social que el sector del butano se mostró dispuesto a apoyar en su momento a cambio de que se liberalizara completamente la bombona y que la Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones a España, en base a las recomendaciones que Bruselas ha lanzado al Gobierno español sobre su política energética al detectar el bajo nivel de satisfacción de los clientes. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin ser una realidad.
La razón de que no exista un bono social para el gas en nuestro país es regulatoria. El gas no está contemplado como un servicio básico, ya que cuenta con otras alternativas como el butano, la biomasa o la propia energía eléctrica para calentar una casa, disponer de agua caliente o cocinar, a diferencia de la electricidad y el agua, que sí se consideran imprescindibles para la supervivencia de cualquier hogar.
La ausencia de un marco normativo que proteja a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad más severa y de una estrategia definida para luchar contra la pobreza energética que sufre el país, han supuesto un retraso en el avance de políticas sociales que garanticen el suministro energético en los hogares españoles más desfavorecidos.
Garantizando el suministro
Algunas administraciones regionales y locales y las principales compañías energéticas españolas parecen haber tomado conciencia de la situación y, en los últimos tres años, están llevando a cabo diferentes acciones para garantizar el suministro a familias en situación de precariedad.
Se trata, fundamentalmente, de acuerdos entre ambas partes por los que las compañías se comprometen a no cortar el suministro de luz y/o gas de aquellos clientes que los servicios sociales municipales informan como vulnerables, facilitando la forma de pago de las facturas pendientes a través de las partidas que cada administración haya destinado a este respecto o, en el caso de que se haya procedido a la suspensión del suministro, tratar de restablecerlo lo antes posible. En total, unos 150 convenios de colaboración suscritos a lo largo y ancho de la geografía española.
El Área de Servicios Sociales de los municipios adscritos a estos convenios es la encargada de evaluar los beneficiarios de estas ayudas. A partir del año que viene, según recoge el nuevo Real Decreto Ley sobre financiación del bono social aprobado hace tan solo una semana por el Gobierno -en el que se no se hace ninguna referencia al gas natural-, las compañías eléctricas que se encuentren con un impago tendrán la obligación de comunicárselo al consumidor, algo que en la actualidad no es obligatorio.
A partir de ese momento, la nueva normativa estipula un plazo de dos o cuatro meses -dependiendo del tipo de consumidor-, para hacer efectivo el corte. Las compañías tendrán que contactar con los servicios sociales de las comunidades autónomas para saber si se trata de un consumidor extremadamente vulnerable; en ese caso, no podrán interrumpir el suministro. La comunidad autónoma o la corporación local se hará cargo de los pagos y las deudas, que serán cofinanciados por el bono social.
Reforma del bono social
España sólo cuenta con un bono social eléctrico del que se benefician 2,4 millones de consumidores. Contempla un descuento del 25% en la tarifa regulada de la luz y se pueden acoger todos los hogares con menos de 3 kilovatios de potencia instalada, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro.
Uno de los asuntos por resolver era quién debía financiar el bono social. Hasta el pasado mes de octubre lo costeaban las 23 empresas eléctricas con actividad en las áreas de generación, distribución y comercialización, aunque el 96% recaía en las cinco grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha invalidado por segunda vez el mecanismo vigente, al considerarlo arbitrario y discriminatorio, lo que ha obligado al titular de la cartera de Energía a aprobar un Real Decreto Ley para regular el mecanismo de financiación del coste del bono social.
Nadal, que ya ha adelantó que la nueva regulación para la financiación del bono social no se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado, lo ha ampliado a todas las comercializadoras que actúan en nuestro país -unas 280 empresas- o sus matrices.
Además, el reparto se hará por el número de clientes y no por el volumen de energía comercializada, de manera que el grueso del pago seguirá recayendo en las cinco grandes, mientras que al resto le corresponderán porcentajes inferiores al 1%. Este reparto, no obstante, es provisional, y será revisado cada cuatro años.
Diferentes formaciones políticas y sindicatos han pedido al Gobierno que la nueva regulación del bono social incluyera a los consumidores de gas, al objeto de que rijan los mismos criterios para ambos servicios -algo que no ha sucedido-, y que modificara algunos de los requisitos contemplados en el bono social de la luz para no dejar fuera a gran parte de los consumidores vulnerables, tal y como está ocurriendo actualmente.
El desarrollo reglamentario del RDL, según ha apuntado el propio Nadal, permitirá establecer unos criterios en las ayudas basados en la renta -no todas las familias numerosas carecen de recursos, no todas las viviendas con potencias bajas se utilizan como residencia habitual, no todos los pensionistas con pensiones mínimas están en situación de vulnerabilidad-. Algunos organismos han apuntado que deberían existir unos grados de subvención de las facturas mediante un escalado de descuentos en diferentes tramos hasta llegar al coste cero para las familias más vulnerables y evitar que sufran cortes en el suministro.
