Muchas familias españolas continúan pasando verdaderos apuros para llegar a fin de mes debido a la precaria situación económica que están padeciendo. Reducir los gastos al máximo se ha convertido en una prioridad, una situación que está provocando un descenso importante en el consumo de productos de primera necesidad.
El pago de los recibos de la luz y del gas también suponen un agujero en la economía familiar y los consumidores llevan tiempo buscando la manera de reducir su coste, sobre todo si tenemos en cuenta que, como ha sucedido en el caso de la luz, el término fijo del recibo -es decir, el que se paga por la potencia contratada-, ha subido hasta en dos ocasiones en tan sólo un año y representa un tercio del coste de la propia factura.
Alentados, sobre todo, por las organizaciones de consumidores, cientos de hogares han optado en los últimos meses por bajarse la potencia contratada como medida de ahorro. Según la última liquidación provisional de la CNMC, en el último año el 1 por ciento de los clientes domésticos han reducido su potencia, es decir, uno de cada diez hogares ha bajado un escalón la potencia al considerar que estaba sobredimensionada, una situación que ha provocado un agujero en el sistema eléctrico de 300 millones de euros. En el caso de las pymes, la potencia facturada ha sido un 6 por ciento menor. No ocurre lo mismo con la gran industria. El último dato arroja un aumento en la demanda en el consumo de un 3,5 por ciento para las empresas con más de 145 kilovoltios de potencia contratada.
Ahorros entre 40 y 80 euros al año
Lo que mucha gente desconoce es cuánto cuesta modificar la potencia contratada, qué hay que hacer para solicitar ese cambio y cuánto se podría ahorrar el consumidor en el caso de que decidiera bajarla.
Vamos a centrarnos primero en el ahorro. Por cada kilovatio de potencia contratada el consumidor paga 3,5 euros al mes más IVA por dos conceptos: peajes de acceso y comercialización. La empresa WebEnergía nos pone un ejemplo: En el caso de un consumidor con una potencia fija de 4,4 kilovatios, el coste del término fijo mensual ascendería a 15,40 euros que, multiplicado por doce meses, sumaría la cantidad de 184,80 euros al año de gastos fijos sólo por la potencia contratada.
Si ese mismo consumidor decidiera bajar en un tramo dicha potencia, el coste mensual se reduciría a 12,075 euros que, al año, supondría un total de 144,90 euros. Si comparamos ambos supuestos, el consumidor obtendría un ahorro mensual superior a los 3 euros y, por tanto, un ahorro anual de 40 euros.
A diferencia de lo que muchos consumidores creen, los precios para realizar un cambio en la potencia contratada vienen regulados y están recogidos en el anexo V de la Orden ITC/3519/2009. Si lo que el consumidor quiere es bajarse la potencia, tiene que pagar lo que se denominan derechos de enganche o actuaciones en el equipo de medida, es decir, el trabajo que el técnico tiene que desempeñar en el contador, un cargo que el usuario pagaría través de su factura y cuyo coste es de 9,04 euros más IVA(10,94 euros). También por ley, la compañía está obligada a proceder a la bajada de potencia solicitada en un período de 5 días.
En el caso de que el suministro tenga más de 20 años, el artículo 83.5 del RD 1955/2000 dice que hay que hacer una verificación adicional de dicho suministro, es decir, que para que alguien pueda manipular la instalación hay que verificarla y se pueden elegir dos opciones: llamar a la compañía eléctrica o llamar a un electricista. En ambos casos confirmarán que la instalación se encuentra en condiciones óptimas.
En el caso de que sea la compañía eléctrica la que acuda, el usuario tendría que pagar lo que se conoce como derechos de verificación, cuyo importe asciende a 8,11 euros más IVA para clientes de baja tensión. Si se eligiese un electricista, el pago sería el que el profesional tenga estipulado por el servicio prestado.
Lo que el usuario también tiene que tener en cuenta es que cualquier modificación en la potencia -según el RD 1164/2001- a criterio de la empresa distribuidora puede realizarse una vez al año. Aunque de obligado cumplimiento, algunas compañías consultadas piensan que esta medida no tiene mucho sentido y que el cliente debería de poder cambiar la potencia tantas veces como considerara necesaria. Sin embargo, a efectos contables, esta limitación anual le vale al Ministerio para conocer de antemano la potencia del sistema eléctrico.
Subir la potencia cuesta 60 euros
Está claro que, como medida de ahorro, la bajada de potencia es una solución pero, por necesidad, algunos usuarios se ven obligados a subirla. En este caso, además de los pagos por los derechos de enganche y verificación que ya hemos comentado (10,94 euros + 8,11 euros), un incremento en la potencia también llevaría añadido el pago de los derechos de extensión y de los derechos de acceso.
El pago de los derechos de extensión están originados por las nuevas instalaciones de red necesarias para acometer tanto los nuevos suministros como las ampliaciones de los existentes. Tienen un precio de 17,37 euros por kilovatio hora y sólo se pagan una vez. Los derechos de acceso, que se pagan por conectarse a la red, tienen un coste de 19,70 euros por kilovatio. Es decir, que el coste de subirse la potencia ronda los 60 euros.
A título informativo, conviene tener en cuenta que para poder tener suministro es necesario presentar un boletín de instalación. La compañía comercializadora lo envía al distribuidor y éste registra la fecha de ese boletín que es la fecha en la que ha sido sellado por Industria y que dice cuánta potencia máxima tiene tu instalación. Si la casa tuviera más de 20 años y el usuario quisiera subir la potencia, habría que hacer un nuevo boletín, que cuestan alrededor de 150 euros.
Laboratorio del Ahorro de E.ON
¿Por qué pagar por algo que no usas? Ese es el lema del Laboratorio del Ahorro de E.ON, una herramienta creada por la eléctrica para ofrecer un asesoramiento energético personalizado a sus clientes con la finalidad de ayudarles a ahorrar en su factura de la luz.
Además de consejos muy útiles sobre hábitos de consumo, el Laboratorio del Ahorro también asesora al cliente sobre la viabilidad de reducir su potencia contratada o de cambiar a una tarifa de discriminación horaria.
En los últimos meses, E.ON ha contactado con más de 20.000 clientes residenciales para asesorarles sobre la potencia que mejor se adapta a sus necesidades, con unos ahorros de hasta 200 euros anuales en sus facturas.
En el caso de las pymes, la compañía ha contactado con más de 7.000 clientes y, después de un estudio personalizado, aquellos que tomaron la decisión de bajarse la potencia han conseguido un ahorro medio de 700 euros anuales en su factura.
Artículo incluido en la edición de noviembre de elEconomista Energía. Suscríbete gratis
