Industria ha dado el primer paso para evitar pagar una indemnización a ACS en el caso de que se decida cerrar definitivamente el almacén de gas subterráneo, Castor.
Según explicó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, la cláusula de la autorización administrativa de esta planta que regula la citada compensación es "abusiva para el interés general", por lo que Industria ha solicitado al Tribunal Supremo que retire la obligación de indemnizar a la empresa que gestiona Castor si se procede al cierre definitivo.
En este sentido, Soria indicó que la autorización de Castor especifica que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado. Si se diera este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a "dolo o negligencia del operador", al valor residual de este. Sin embargo el ministro considera que "si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada", por lo que hace muchos meses el Consejo de Ministros decidió recurrirlo ante el Tribunal Supremo.
El valor de la operación
Por otro lado, Soria explicó ayer que el valor neto contable dependerá del resultado de una auditoría externa que se está realizando desde el pasado mes de julio para poder fijar el coste real por parte de la consultora noruega DNV.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar la situación en la costa de Castellón tras los seísmos ligados a esta instalación -más de 540- Soria reconoció que el coste de esta planta alcanza los 1.700 millones de euros, una vez incluidos los gastos de financiación.
Este monto supera en 1.200 millones el presupuesto inicial que se fijó para esta instalación cuando fue aprobada. Se trata de una cantidad que resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la previsión recogida en la Planificación Energética 2005-2011 para considerarlo un proyecto prioritario era de 500 millones y después de que la CNE haya detectado contratos a dedo en el proceso de construcción.
La participación
En este sentido, Soria indicó que el promotor del proyecto, la sociedad Escal UGS, participada por ACS al 66% y la canadiense Dundee, tienen reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.
Según recoge Efe, la actividad de almacenamiento de gas, como la prevista para el Castor, está regulada, por lo que tiene la consideración de coste del sistema y se carga a la tarifa, "no a los Presupuestos" Generales del Estado, tal y como recordó ayer Soria. Sin embargo, estos pagos no se activan hasta que la instalación entra en funcionamiento, de manera que si no lo hace nunca -algo que sucederá "en caso de que no haya seguridad plena"- y el Supremo no lo impide, la empresa tendrá derecho a recibir una indemnización del Estado. Asimismo, el ministro recordó que esta instalación se consideró necesaria y beneficiosa sobre tanques en tierra por ser más barata.
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