Abertis ha retirado la demanda contra Argentina que interpuso a finales de 2015 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, después de rubricar con el Gobierno de Mauricio Macri dos acuerdos para extender los contratos concesionales de sus filiales en el país, Autopista del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a cambio de un plan de inversiones global por un importe total de alrededor de 680 millones de dólares (584 millones de euros).
Abertis presentó la demanda hace dos años y medio ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno que entonces lideraba Cristina Fernández Kirchner sobre el desequilibrio acumulado en las dos autopistas del grupo español en el país. La disputa se remontaba más de una década, cuando el Ejecutivo argentino decidió congelar los peajes de las autopistas de peaje. La compañía española negoció sin éxito durante años con la Casa Rosada para recomponer el desequilibrio económico-financiero que ocasionó en las dos sociedades concesionarias que tiene en Argentina, lo que desencadenó la decisión de la empresa de acudir al organismo de arbitraje del Banco Mundial.
En paralelo, no obstante, Abertis no renunció a seguir negociando con el Gobierno del país latinoamericano. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia abrió en 2017 el proceso de renegociación con el Ministerio de Transporte de sus respectivos contratos concesionales. Un proceso que finalmente ha resultado satisfactorio para las partes y que supone el reconocimiento de los reequilibrios pendientes.
En virtud de los acuerdos alcanzados, Abertis llevará a cabo un plan de inversiones para mejorar la red vial actual de alrededor de 430 millones de dólares (369 millones de euros) en la red de Ausol y de alrededor de 250 millones de dólares (215 millones de euros) en la de GCO, que se financiarán con los ingresos futuros de la concesión gracias a la extensión del vencimiento de los contratos actuales hasta 2030.
Abertis ha llegado a importantes acuerdos en esta línea en la mayor parte de países en los que opera, como Francia (750 millones de euros de inversión comprometida), Italia (1.500 millones), Brasil (2.000 millones), Chile (800 millones), Puerto Rico (125 millones) y (584 millones). Un escenario que, por el contrario, los sucesivos gobiernos de España le han negado.
