El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado la apertura del juicio oral para sentar en el banquillo a la antigua cúpula de Pescanova y exige a la compañía una fianza de 348 millones para responder a posibles multas contra la sociedad y otras por importe de 603 millones para responder civilmente por el expresidente Manuel Fernández de Sousa y su equipo gestor. La compañía informa en un hecho relevante a la CNMV que va a recurrir el auto del juez y reconoce que en caso de ejecutarse las fianzas quedaría en "situación de insolvencia temporal".
La cúpula de Pescanova se sentará en el banquillo de los acusados por ocho delitos, entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y uso de información privilegiada, según ha dictado De la Mata. El instructor reclama para toda la directiva penas de prisión que suman 164 años y medio. Para el expresidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa, solicita 31 años de cárcel.
En el auto se declara a Pescanova, una de las dos partes en que se dividió el grupo gallego tras el concurso de acreedores, el auditor BDO y la sociedad Buena Pesca 97 como responsables civiles subsidiarios.
Esta situación lleva a Pescanova a que tenga que afrontar fianzas por responsabilidad civil por casi 1.000 millones de euros. Según la declaración al regulador bursátil, se le exige una fianza de "348,2 millones de euros para responder de las multas solicitadas por las acusaciones, así como otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil".
La compañía ha reconocido que el importe de las fianzas le llevarán a la "insolvencia temporal" por la ejecución de las mismas contra su patrimonio. Pescanova ha anunciado que va a recurrir el auto. Las fianzas exigidas deberán presentarse en un plazo de cinco días, y de no hacerlo "se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las sumas fijadas".
La vieja Pescanova advierte de que "en opinión de los asesores legales de la sociedad" la potencial sanción económica o la posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria definitiva "estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal" en el que ha estado inmersa y las quitas correspondientes.
Y señala que "estarían sometidos a los acuerdos de fusión y segregación aprobados por la Junta General de la empresa en septiembre de 2016", en la que "también quedó previsto que Nueva Pescanova se ha de hacer cargo de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria".
