El recién estrenado Gobierno socialista endurecerá la ley contra la brecha salarial de género que dejó a medio camino el anterior Ejecutivo del Partido Popular. El proyecto del PSOE va más allá de la obligatoriedad de realizar auditorías salariales en empresas con más de 250 trabajadores e incluye, por primera vez en España, la imposición de sanciones por importe de hasta el 1,3% de la masa salarial de la compañía que pague menos a una mujer que, con la misma cualificación, desempeña el mismo trabajo que un hombre.
En un Ejecutivo con mayoría de mujeres, reflejo del compromiso de los socialistas por abanderar la lucha feminista en un momento de cambio en la sociedad española, será la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, la encargada de sacar adelante esta ley.
Lo cierto es que la exministra de Empleo, Fátima Báñez, dejó mucho avanzado en esta materia. Ya en noviembre de 2017 puso sobre la mesa de la calidad en el empleo un borrador -al que ha tenido acceso este periódico- con medidas para impulsar la igualdad laboral entre hombres y mujeres, mediante la adopción de instrumentos de transparencia que cuantifiquen la retribución por género conforme a una tabla de clasificación profesional y la obligación de inscripción y depósito de los planes de igualdad.
Entre estos instrumentos, el proyecto del PP ya incluía la realización de auditorías salariales en las empresas que superan los 250 trabajadores, medida que también contempla el texto del PSOE. Los socialistas, sin embargo, no se quedan ahí, y plantean la posibilidad de imponer multas a los empresarios que discriminen salarialmente a las mujeres.
Para ello, establecen dos tipos de infracciones: las graves se sancionarán con multas de entre el 0,11% y el 0,7% de la masa salarial de la empresa, mientras que las muy graves estarán penalizadas con entre el 0,71% y el 1,3%. Asimismo, si una empresa no tiene plan de igualdad, será igualmente sancionada.
La norma permitirá que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder al registro salarial de su empresa y acudir a los tribunales si se siente discriminado. "El empresario estará obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor", dice el documento.
Los socialistas reconocen las 'influencias' del texto
Para sacar adelante la norma el PSOE tendrá que jugar con la geometría variable en la nueva aritmética parlamentaria, en la que no tiene mayoría. Sin embargo, no parece complicado que los grupos apoyen, al menos, el grueso del contenido.
En el entorno de Báñez reconocen que el texto socialista "copia muchas medidas del PP" y, no en vano, recordemos que el registro en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley del PSOE coincidió con el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición similar de Unidos Podemos. Tan similar que, desde el partido morado, Irene Montero criticó a los socialistas por "calcar" su texto.
La proposición de Podemos recibió el respaldo del Congreso sin ningún voto en contra y con la abstención del Partido Popular, por lo que existen elevadas posibilidades de que la iniciativa socialista logre el apoyo de la Cámara y el Gobierno se cuelgue la medalla de una ley pionera en España.
Entre tanto, los agentes sociales habían criticado la propuesta del PP por considerar que se quedaba corta y debía ampliarse la obligación de realizar auditorías salariales a empresas de menor tamaño, a partir de 25 trabajadores. Un planteamiento que no comparte la patronal, que cuestiona estas herramientas de transparencia por considerar que elevan los costes y suponen pérdidas de competitividad para las empresas.