El Canal de Isabel II ha valorado en un mínimo de 200 millones de euros su negocio en América teniendo en cuenta el descuento de flujos de caja de acuerdo con la vida útil de la concesiones y sin contemplar posibles prórrogas de las mismas. A la espera de que se nombren los bancos asesores, este importe significaría que la empresa pública madrileña habría amortizado con creces su inversión, logrando además importantes plusvalías.
De acuerdo con las fuentes de la empresa consultadas por este periódico, el Canal de Isabel II lleva invertidos alrededor de 100 millones de euros de euros en Latinoamérica desde que llegó en 2001 con la compra de la colombiana Inassa y ha recuperado ya 55 millones, es decir el 55%, a través del cobro de dividendos y el pago de servicios por la asistencia técnica.
Crecimiento
A la espera de que se auditen y se publiquen las cuentas del año pasado, los ingresos consolidados del grupo en Latinoamérica crecieron ligeramente en 2016, un 1,8%, hasta 598.875 millones de pesos colombianos (169,7 millones de euros). El grupo ha llevado sin embargo a cabo un proceso de limpieza en los estados contables, registrando provisiones y deterioros tras la revisión en profundidad de la valoración y recuperabilidad de las cuentas por cobrar de algunas de las participaciones, que han provocado unas pérdidas de 29.182 millones de pesos (8,27 millones de euros).
La Audiencia Nacional está investigando ahora presuntas irregularidades tanto en la compra de Emissao como de la propia Inassa ante la sospecha de que se pudieran haber inflado los importes de las compras. El juez Diego de Egea está investigando, en concreto, posibles irregularidades en la compra de Inassa en 2001, siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. El Canal de Isabel II se hizo con la firma colombiana por 73 millones de dólares.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el valor de la sociedad estaba inflado y que la operación supuso al final un desfalco para las arcas públicas de 70 millones. Sin embargo, los informes internos de los técnicos del Canal habían certificado que se podía pagar hasta 85 millones. Y eso sin tener en cuenta la valoración de AFI, la firma de Emilio Ontiveros, que hizo una valoración independiente y situó el valor por encima de los 100 millones, aún por debajo de la que había realizado Rothschild para los vendedores.
Investigación
El juez ha imputado a los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra y votaron a favor, entre los que figuran Juan Bravo, el actual presidente de Adif y consejero madrileño de Hacienda en el momento de la operación. Bravo ha negado ya ante el juez las acusaciones acerca de que hubiera inflado el importe de la compra, asegurando que se trataba de "la mejor opción posible" y que el precio pagado estaba por debajo de las valoraciones independientes de las que disponían, tal y como mantiene también el Canal.
La compra de Inassa se aprobó por unanimidad de todos los miembros del consejo de administración. Sin embargo ninguno de ellos tuvo conocimiento de que se empleó una empresa panameña en la operativa (no consta en las actas del consejo) y tampoco tuvieron conocimiento de la cantidad final que se pagó, de acuerdo con fuentes de la investigación presentes en los interrogatorios.
Actividad exterior
La venta ahora del negocio en Latinoamérica no supondrá, sin embargo, la salida por completo del exterior del Canal de Isabel II. La intención de la dirección de la compañía es mantener una estructura internacional para la prestación de servicios de consultoría e ingeniería, sin descartar así en un futuro la posibilidad de volver al negocio.
El Canal de Isabel II sí que ha planteado, sin embargo, la posibilidad de acabar con su actividad en Cáceres, donde tiene adjudicado el contrato de gestión, y en Lanzarote, donde es propietaria de la empresa Canal Gestión Lanzarote SAU, en el marco de su desinversión a nivel internacional. La intención de la empresa es centrarse así en la gestión integral del agua a partir de ahora únicamente en la Comunidad de Madrid.
