El Gobierno colombiano tiene sobre la mesa una patata caliente de grandes dimensiones. Electricaribe, la sociedad que el país intervino a Gas Natural Fenosa por su falta de inversiones, se encuentra un año después al borde del precipicio económico.
Según un informe que elaboró la Contraloría -el Tribunal de Cuentas del país- a principios del pasado mes de noviembre, el déficit en caja de la empresa intervenida al cierre de diciembre de 2017 calculaban que estaría cerca de los 35.000 millones de pesos (10 millones de euros) y la situación se agravaría para este mes de febrero, cuando este déficit podría llegar hasta los 138.000 millones (40 millones), lo que en opinión de este mismo organismo "compromete seriamente que pueda garantizar la prestación del servicio".
Los recursos disponibles en la tesorería comprometen los pagos para los proveedores, alcanzando para un rango de pago de sólo entre el 30% y el 65%, indicaba el organismo.
El pasado 29 de noviembre, la Financiera de Desarrollo Nacional con sus asesores, el banco de inversión Lazard y el despacho de abogados Brigard & Urrutia, entregaron al interventor de la compañía el informe que comenzaron a elaborar en agosto. En dicho documento, que no ha sido hecho público, se destacaba la necesidad de devolverle la viabilidad a la empresa para que fuese posible mejorar las condiciones de prestación de servicio.
La Superintendencia ya tuvo que volver a inyectar dinero en la empresa para que pudiese seguir funcionando a finales de noviembre, de hecho aportó alrededor de 41 millones de euros y solicitó más garantías.
La Contraloría considera que si se deja de pagar a los generadores, el mercado eléctrico podría sufrir un colapso, ya que Electricaribe representa el 22% de las transacciones de energía.
Por este motivo, no resulta extraño que Colombia esté dispuesta a permitir la vuelta de Gas Natural Fenosa a Electricaribe. En el informe realizado por la Contraloría indicaba, como ya adelantó este diario, que analizará la posibilidad de la vuelta de la compañía española pese a sus incumplimientos debido a la preocupación que genera la situación actual de la compañía que en opinión del organismo podría acabar provocando el colapso del sistema eléctrico del país.
Según la Contraloría, la situación patrimonial, la operación comercial y eléctrica, así como la prestación del servicio, atraviesan importantes problemas después de la intervención.
Colombia está a punto de iniciar la llamada segunda fase del plan de viabilidad de Electricaribe y ya tendría sobre la mesa del orden de quince ofertas de compra.
Gas Natural, por su parte, ha iniciado un procedimiento arbitral ante Uncitral, al tiempo que se ha desprendido del negocio gasista que mantiene en el país, lo que en principio podría dificultar su vuelta.
La empresa tiene que presentar a finales de febrero su próximo plan estratégico en el que pretende reforzar su eficiencia, lo que hace difícil que esta compañía puede encajar en el futuro de la gasista. No obstante, la empresa reclama alrededor de 1.200 millones por la misma.