El Gobierno de Madrid autorizará al Canal de Isabel II a crear una sociedad anónima, con mayoría de capital público, que gestione las infraestructuras del agua en la región, medida que no afectará al servicio, a las convenios con los ayuntamientos ni a las condiciones laborales de los trabajadores.
Así lo ha indicado hoy el vicepresidente de la Comunidad y presidente del Canal, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno que ha analizado el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2009, un documento que será remitido al Consejo Económico y Social (CES) para su preceptivo informe y que incluye la creación de la nueva sociedad pública del Canal.
La medida, que fue anunciada por la presidenta Aguirre en el último debate del Estado de la Región, no afecta a las condiciones laborales de los trabajadores del Canal que, según ha dicho González, están garantizadas, ni a los convenios suscritos con los ayuntamientos, incluido el de Madrid, aunque este caso sea "singular y diferente" al resto de los municipios.
El Canal mantiene los bienes
Ha recordado que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, y "a diferencia de otras zonas de la Comunidad", se da "la variable muy importante de que la red de saneamiento es titularidad del Canal de Isabel II".
González ha subrayado que cuando se privatice el 49% de las acciones, el Canal mantendrá la titularidad de los bienes y derechos integrados en la red general y ha recordado que el objetivo de esta medida es "permitir el proceso de capitalización" de la empresa, que necesita hacer frente a los más de 4.000 millones de euros de inversión necesarios en infraestructuras de agua en los próximos diez años.
Entre estas inversiones, y como consecuencia de la entrada en vigor del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, destaca la instalación de nuevos sistemas de tratamiento en las depuradoras madrileñas para que el agua vertida a los ríos pueda ser utilizada mejor por el resto de usuarios de la cuenca del Tajo.
Según Ignacio González, a final de año habrá concluido el trámite parlamentario para que la nueva sociedad anónima empiece a encargarse del abastecimiento de agua, saneamiento, servicios y obras hidráulicas.
La nueva sociedad
Ha dicho que a partir de entonces el Canal mantendrá las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico; el ejercicio de las potestades administrativas de aducción, depuración y reutilización del agua y las funciones relacionadas con los servicios hidráulicos encomendados por los ayuntamientos y los que viene prestando, según la legislación vigente.
Por su parte, la Comunidad conservará los bienes de su titularidad y los bienes y derechos de titularidad del Canal que integran la red general regional, constituida por los sistemas de abastecimiento, saneamiento y reutilización de las aguas.
El presidente del Canal ha destacado el apartado de la Ley de Acompañamiento que garantiza a los trabajadores de la empresa las mismas condiciones laborales actuales cuando se forme la nueva sociedad, cuya creación y bases del contrato-programa deberá autorizar el Consejo de Gobierno.
Ha recordado también que el 51% del agua en España la gestionan ya empresas participadas total o parcialmente por capital privado y ha citado los casos de Barcelona, Valencia, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Vigo, Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida, Santa Cruz de Tenerife, Cartagena, Almería, o Santander, entre otros.