Los enemigos del taxi se multiplicarán en los próximos meses sin que el Gobierno pueda hacer nada para evitarlo. El sector de las empresas de vehículos de alquiler con conductor, como las que se aglutinan en Uber o Cafiby, lograrán miles de nuevas licencias VTC a medida que prosperen los recursos judiciales interpuestos por las mismas, apoyándose en el vacío legal creado por la Ley Ómnibus, aprobada en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta ley era menos restrictiva con el transporte de viajeros y eliminó la norma de proporcionalidad entre ambos sectores de una licencia de VTC por cada 30 de taxis, que sí que estaba recogida en el texto de la ley de 1987.
Aunque las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos trataron de mantener el ratio 1-30 y no entregaron más licencias, la ley Ómnibus dejó la puerta abierta a los solicitantes para impugnar la decisión de las Administraciones ante los tribunales, que fallaron a favor de los demandantes. Es decir, los tribunales se pronunciaron en contra de las limitaciones.
En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy, volvió a cambiar la ley de transporte terrestre y recuperó el ratio 1-30 que trata de mantener contingentado el sector, por lo que las licencias que se están otorgando hoy en día vienen de los recursos presentados entre 2009 y 2013.
Así, en los últimos años las empresas de vehículos de transporte con conductor han obtenido 3.740 autorizaciones vía sentencia judicial, reduciendo el ratio VTC-taxi hasta el 1-7 en Madrid, Castilla León o Navarra y hasta el 1-12 en Murcia, Aragón o Asturias. Según los registros oficiales, actualmente hay 5.928 licencias para prestar servicios de Uber y Cabify, frente a las 2.188 que debería haber, teniendo en cuenta que hay 65.670 licencias de taxi vigente. En este punto, el presidente de la confederación de taxistas, Julio Sanz, ha exigido al Gobierno que tome medidas para eliminar todas las VTC que "sobran" y que ponga coto a la proliferación de la competencia "desleal".
El gremio ya ha amenazado con una huelga indefinida en julio si el Ejecutivo no frena a Uber, algo que no va a poder ser. Fuentes del Gobierno han explicado que "no pueden" frenar las decisiones judiciales ni contravenirlas por lo que lo único que está en su mano es "aumentar los controles para evitar que los conductores VTC excedan sus límites".
Así, Fomento tiene previsto reunirse con las CCAA y los Ayuntamientos el martes que viene para poner en marcha un plan con el que reforzar las inspección a las empresas de vehículo con conductor que operan con licencia VTC, como Uber o Cabify, para garantizar que cumplen con la normativa actual. Es decir, que vigilarán que existe la contratación previa, ya que este tipo de vehículos no puede recoger pasajero directamente en la calle.
