OHL y la Comunidad de Madrid mantienen una disputa judicial por el concurso de Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), sociedad directa e indirectamente participada en un 100% por la empresa. La empresa reclama 370 millones por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. El Gobierno regional ha sancionado con 34 millones a la constructora por incumplimiento de contrato que ha sido recurrida. Las acciones suben un 7,32% hasta los 3,96 euros, en máximos de junio de 2016.
La apertura de la fase de liquidación conlleva, entre otros efectos, el cese de las facultades de administración y disposición patrimonial del órgano de administración de Cemonasa, su disolución y la liquidación de todos sus bienes y derechos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A ello se suma la resolución del contrato de concesión suscrito el 2 de enero de 2008 entre Cemonasa para la construcción, conservación y explotación de la línea ferroviaria entre Móstoles Central y Navalcarnero y la Comunidad de Madrid y el nacimiento de la obligación de pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte de la Comunidad de Madrid.
La indemnización asciende a 370 millones
La liquidación de la filial de la constructora lleva a una disputa administrativa millonaria entre la empresa y la Comunidad de Madrid. OHL reclama al Gobierno de Cifuentes 370 millones, mientras el Ejecutivo madrileño ha sancionado con 34 millones por incumplimiento de contrato.
La Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructura impuso una penalidad de 34 millones de euros por incumplimiento en la concesión. OHL intentó en varios ocasiones que la Comunidad modificara el contrato para recuperar la falta rentabilidad del proyecto y reequilibrarlo económicamente, según explica en la memoria de 2016 la empresa.
La activación del RPA supone que la Comunidad tendrá que compensar económicamente a la empresa. OHL indica que la cantidad asciende a 369, 5 millones al incluir "incluye la inversión realizada en la obra y los daños y perjuicios ocasionados", y que para su determinación el grupo se ha "apoyado en informes periciales de terceros que soportan el valor registrado contablemente".
La futura indemnización si prospera supondría casi el volumen de negocio que alcanzó la compañía en 2016. Los inversores han respondido a la liquidación de la filial con fuertes compras. Las acciones han cerrado con una subida del 7,45% hasta los 3,965 euros, en niveles de junio de 2016. Desde el punto de vista técnico, los títulos se encuentran en plena resistencia clave de los 3,85-4 euros. "Superada permitiría plantear una vuelta hacia el origen de todo el último tramo bajista, los 6,20 euros, algo que lógicamente llevaría su tiempo", indican los analistas de Ecotrader.
