La negociaciones entre las empresas y los estibadores están en punto muerto a la espera de que el Ejecutivo apruebe el Real Decreto en el Parlamento o de garantías de futuro a ambas partes. Ante los problemas que tiene para lograr los apoyos políticos suficientes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un paso al frente para facilitar las subrogaciones y mantener las condiciones de los actuales estibadores, es decir, para impulsar un pacto entre las partes que le permita desatascar la reforma de la estiba. El PSOE solo apoyará el Decreto de la estiba si da "certidumbre" a los trabajadores.
Así, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, confirmó este martes que su departamento articulará ayudas para la reconversión de la estiba, con el fin de "contribuir a un acuerdo que permita aprobar la reforma del sector garantizando el empleo". "Conforme avancen las negociaciones de los agentes sociales, el Gobierno planteará medidas que contribuyan a la reordenación del sector en cumplimiento de la sentencia complementaria", aseguró Fátima Báñez.
En concreto, el Ejecutivo esta negociando un plan de bajas incentivadas y de prejubilaciones tal y como se hizo para facilitar la reconversión del sector de la minería o los astilleros. Fomento lleva varias semanas instando a las compañías portuarias o terminalistas que se comprometan a subrogar todos los empleos de los estibadores, algo a lo que se niegan ya que, según denuncian, las situará en desventaja con respecto a las nuevas empresas que se instalen en España tras la liberalización del sector. En línea con el plan de bajas incentivadas, la patronal Anesco solicitó "que se articule un plan de reforma del sector de la estiba, promovido por el Ministerio de Empleo, con dotaciones de ayudas públicas".
Con esta oferta sobre la mesa, con la que el Gobierno espera que se facilite un acuerdo entre las partes, los sindicatos y la patronal se reunirán este ocho de marzo por primera vez desde la semana pasada.
Europa quiere ya el Decreto
Aunque la confederación de sindicatos internacional ha asegurado que España tiene hasta julio para aprobar la reforma del sector y ha instado al Ejecutivo a que "retire el actual Real Decreto" y "presente otro con el consenso de los trabajadores", la comisaria de Transportes,Violeta Bulc, ha urgido su aprobación durante una visita al Congreso de los Diputados.
En este punto, Bulc ha recordado que la Comisión Europea decidió parar el contador de la multa de 22.000 euros diarios por los avances que se estaban haciendo en la reforma. Una medida que se puede revertir (la multa va por los 21 millones de euros) si la ley no se aprueba antes de que termine marzo. "Creemos que se aprobará el Real Decreto el 24 de marzo y si no tendremos que adoptar medidas". Así, pende sobre España la espada de Damocles de una multa de 134.000 euros diarios si no logra que la ley pase la convalidación parlamentaria. "La CE respalda plenamente el Real Decreto. Hemos esperado mucho tiempo", sentenció la comisaria.
A pesar de las prisas para que el Real Decreto vea la luz, la Comisaria ha instado a que se continúe con el proceso de negociación entre sindicatos y patronal. "Por favor continúen con el diálogo social y empleen este diálogo para acordar elementos sobre la fase de implementación y, hay margen para ello, pero no dejen de aplicar el Real Decreto", pidió. De momento el ejecutivo ha aplazado una semana la tramitación de la ley para alcanzar un punto de entendimiento entre las partes. El problema al que se enfrenta Fomento es que Coordinadora insiste en que la el ministro Íñigo de la Serna se siente en la mesa y cambie el texto.
