Los vehículos de gasolina tendrán que incorporar filtros para las emisiones de partículas -muy perjudiciales para la salud-, tal y como ya vienen haciendo los automóviles propulsados con gasóleo, a raíz de la decisión adoptada la semana pasada en el seno del Comité Técnico de Vehículos de Motor (CTVM) del Consejo Europeo.
Las partículas son las emisiones contaminantes de los automóviles más nocivas para la salud. Se generan durante la combustión y, compuestas por cientos de productos químicos y metales, penetran en el organismo, manteniéndose en él y causando unas 467.000 muertes prematuras al año en la UE, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Hasta ahora, su emisión sólo se controlaba en los vehículos de gasóleo, pero los 28 han decidido que a partir del próximo mes de septiembre se empiece a medir en los nuevos modelos de gasolina, y, a partir de septiembre de 2019, en todos los nuevos automóviles movidos por dicho carburante. Los análisis aplicarán un grado de desviación de 50% sobre el límite establecido, para compensar los márgenes de error, y los resultados de las pruebas se harán públicos.
25 euros por vehículo
El endurecimiento de los test obliga a los vehículos a incorporar filtros de partículas, que vienen a costar unos 25 euros por vehículo, y que algunos fabricantes, como el Grupo Wolksvagen, Mercedes (Daimler) y PSA (la fusión de Peugeot y Citroën), piensan incorporar de serie ya el próximo año.
El cambio en la normativa comunitaria coincide con la penetración en el mercado europeo de una nueva generación de vehículos dotados con una tecnología de inyección directa de gasolina, que emite hasta 10 veces más partículas que sus predecesores.
El CTVM también aprobó la introducción de un test específico de conducción en frío -con el motor recién arrancado-, durante la cual se expulsa más polución.
El resultado de la votación en el CTVM ha sido de 23 países a favor y sólo tres en contra, la República Checa, Hungría y Rumanía; Eslovaquia se abstuvo. España no había revelado su decisión antes de la votación y finalmente decidió apoyar la medida, propuesta por la Comisión Europea. Las ONG que han apoyado su adopción, como Ecodes, han celebrado la decisión del Gobierno español.