Los bancos españoles se juegan su futuro este miércoles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciará su decisión final sobre las cláusulas suelo aplicadas por las entidades en los contratos hipotecarios. En el peor de los casos el coste para el sector, sólo en indemnizaciones, ascendería a unos 7.500 millones, buena parte de ellos ya provisionados.
La sentencia determinará la fecha a partir de la cual la banca tiene que resarcir a los afectados por los tipos hipotecarios y si la devolución del dinero cobrado de más se realizará a través de un proceso generalizado -es decir, declarando todas nulas- o a través de un análisis individualizado. Estas dos cuestiones son claves.
Las entidades se muestran relativamente optimistas desde que en julio el abogado del Tribunal Europeo, en un informe de conclusiones, se pronunció a favor de una limitación de la retroactividad en la devolución a los afectados y la demostración de que hubo transparencia en el establecimiento de la cláusula suelo, es decir, que existió una mala práctica en la comercialización sólo en alguno de estos productos. Estos dos puntos son defendidos por el sector financiero y por el Gobierno español, tal y como establece la doctrina aplicada por el Tribunal Supremo desde el año 2013, cuando condenó a BBVA, Novagalicia y Cajamar.
Desde entonces, las entidades se han visto obligadas a devolver los tipos de interés cobrados de más a los clientes a partir de mayo de 2013 en el supuesto de mala praxis, una fecha que asociaciones de consumidores y afectados pretenden llevar para atrás y establecer la denominada retroactividad total, es decir, que las cantidades se establecen a partir del momento de aplicación de la cláusula suelo. Teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés, las entidades indican que habría casos en los que el plazo arrancaría en 2009.
La banca espera que el Tribunal de Luxemburgo siga las indicaciones del abogado ya que la práctica totalidad -se estima en al menos un 70%- no varía el criterio. De ahí que el optimismo es elevado. De hecho, antes del informe preliminar el sector daba por hecho que un análisis desfavorable iba a desencadenar una nueva oleada de fusiones por el impacto tan elevado que tendría en las cuentas de resultados, ya presionadas por los tipos en negativo y el lastre inmobiliario. Hoy, nadie pone el acento en las cláusulas suelo como factor determinante para la tercera ola de concentración.
El impacto en las entidades
Algunas entidades han cuantificado el impacto que tendrá la resolución en sus cuentas. CaixaBank, por ejemplo, ha indicado que la factura llegará hasta 1.250 millones si la retroactividad es total, mientras que se quedará en 500 millones si se mantiene la doctrina del Supremo. El Popular, por su parte, había informado de que el coste variará entre 685 y 350 millones dependiendo del sentido de la sentencia.
Eso sí, la mayor parte del sector ha ido cambiando las condiciones hipotecarias a los afectados de las cláusulas suelo a través de pactos consensuados para limitar el impacto de la resolución judicial. Han modificado una parte importante de la cartera, estableciendo en los nuevos contratos tipos fijos, que son además más favorables para sus intereses en la actualidad, pero que dan mayor tranquilidad a los clientes porque las cuotas mensuales son siempre las mismas.
Una vez se conozca la decisión del Tribunal Europeo se reactivarán los casos que están paralizados, como la macrodemanda de Adicae con 15.000 afectados que condenaba a un centenar de entidades por los topes aplicados, declarando nulas las cláusulas suelo en abril de este año.