Reino Unido ha decidido finalmente rebajar la ambición de su plan de choque contra la obesidad infantil, al considerar que si hay una salud que actualmente necesita un cuidado extra, ésta es la de la economía. Ante la incertidumbre generada por los efectos del Brexit y la presión de la industria, con compañías como Coca-Cola a la cabeza, el Gobierno ha reducido notablemente el alcance de la estrategia planteada hace meses para disminuir el consumo de azúcar y luchar contra sobrepeso.
Más que el temor a un intervencionismo estatal excesivo, el giro introducido por la primera ministra ha estado guiado por la preocupación por los efectos que subir la temperatura sobre la industria alimentaria podría tener sobre un crecimiento que pasará a estar analizado con lupa tras la decisión de romper con Bruselas. Como consecuencia, Theresa May ha cortado las alas del titular de Sanidad y autorizado un sacrificio de medidas de las que tan sólo se ha salvado la denominada tasa del azúcar, ahora también rebajada.
Reino Unido se convertirá así en uno de los primeros países del mundo en imponer un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Su abono competerá a los productores, que en lugar de afrontar un tributo previsto de entre un 10 y un 20% tendrán ahora un canon equivalente a 8 peniques (unos 10 céntimos de euro) por una lata de Coca-Cola, valorada en 0,68 libras.
Evitar despidos
Pese al malestar que la decisión fundamentalmente impuesta por May ha generado entre activistas, colectivos de sanidad e, incluso, los grandes supermercados británicos, en la cúpula gubernamental están convencidos de que una caída de ingresos en el ámbito de la alimentación significaría despidos intersectoriales, un desenlace que no están dispuestos a permitir en el panorama post-Brexit.
De hecho, el único ingrediente que ha resistido la inmolación de Downing Street supondrá la destrucción de unos 4.000 empleos, de acuerdo con un estudio de Oxford Economics que calcula, además, que la tasa del azúcar recabará apenas 520 millones de libras (unos 605 milloens de euros) de un sector que aportó al PIB británico hasta 6.400 millones de libras en 2015.
De 50 a 10 páginas
Como consecuencia, apuestas de calado como la reducción obligatoria de anuncios y promociones especiales como las que ofrecen dos por uno han sido eliminadas del borrador final. Su ausencia es imposible de ignorar: el documento ha pasado de contar con las 50 páginas iniciales a apenas diez.
La batalla está servida, puesto que la resolución del Gobierno tendrá que superar el corte de un Parlamento en el que May sufrirá disidencias. No en vano, hasta un tercio de los menores británicos padece de sobrepeso y los expertos en la materia han advertido de que la hora de ejercicio que ahora propone el Ejecutivo como medida estrella contra los kilos no será suficiente si no se obliga al sector al reducir los niveles de azúcar. Así, la medida es ahora voluntaria, con la aspiración de disminuir el contenido un 20% hasta el año 2020.
