Los afectados españoles por la quiebra de Lehman Brothers empiezan a organizarse. Alrededor de medio centenar de ellos, clientes de banca privada de Banif, Bankinter, Citibank, Banco Madrid y Altae, entre otras entidades, se han agrupado bajo el asesoramiento legal del abogado Fernando Zunzunegui, especializado en derecho financiero, y estudian demandar a sus bancos, a través de los cuales invirtieron en emisiones de bonos de Lehman.
El patrimonio que cada uno de estos inversores colocó en productos del banco estadounidense va desde los 300.000 hasta el millón de euros.
El número de inversores agrupados todavía puede crecer, porque, según calcula Zunzunegui, "el impacto de la quiebra de Lehman sobre el patrimonio de la banca privada puede ser mayor que sobre los fondos de inversión".
El impacto puede ser mayor
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estimó la semana pasada que la exposición de los fondos a Lehman Brothers era de 300 millones de euros. La cifra exacta, sin embargo, no se conoce porque "solo cada banco conoce cuánto dinero en bonos de Lehman ha colocado entre sus clientes".
Por el momento, la acción legal de los afectados se encuentra en los primeros pasos. "Todavía no sabemos cuántos inversores pueden llegar a unirse porque, al contrario que en Estados Unidos, los abogados no podemos ser proactivos en el agrupamiento de los clientes; nuestro papel es más bien pasivo, a la espera de que reclamen nuestros servicios", señala Zunzunegui, que ya ha asesorado a los afectados de los casos AVA y Gescartera, entre otros.
Además, y antes de decidir si se presenta o no la demanda, "estamos realizando una auditoría legal, que tardaremos unas semanas en completar, viendo cuál es la situación de los clientes, la posible vía de reclamación y si recibieron información adecuada sobre los bonos".
Normativa Mifid
Y es que la información al cliente se ha vuelto una pieza básica de su relación con el banco desde la entrada en vigor, en noviembre de 2007, de la nueva normativa Mifid. Esta ley, de aplicación en toda la Unión Europea, obliga a las entidades a clasificar a sus clientes por perfiles de riesgo -generalmente mediante un cuestionario que deben rellenar estos últimos-. Y, de acuerdo con ese perfil, limita la capacidad de la entidad para ofrecer al cliente activos de riesgo, y obliga a proporcionarle información muy detallada sobre el peligro que corre realizando esa inversión.
"Aunque muy probablemente todas las entidades han dado orientaciones a sus redes para que la aplicación de Mifid sea muy estricta, es posible que la información que el cliente haya recibido a través de los comerciales no sea la adecuada para su perfil de riesgo", explica Zunzunegui.
El perfil de riesgo de los clientes "es muy bajo, como suele ocurrir en España", y la mayoría de los productos afectados, alrededor de una decena y emitidos a través de la filial holandesa de Lehman, "son productos estructurados, complejos, sobre los que probablemente no ha habido avisos suficientes del riesgo que conllevan". "Si eso ha ocurrido, o si hay un error en el contrato, existe la posibilidad de reclamar la devolución del dinero invertido inicialmente", asegura el abogado.
Zunzunegui resalta que "la quiebra de Lehman va a servir de banco de pruebas para comprobar el funcionamiento de la Mifid en España", y que "lo que está en juego es el prestigio de la banca privada, que en realidad es el pilar principal de su negocio. El fondo de comercio de la banca privada es la reputación".
Por eso, y una vez terminado el proceso de auditoría y se haya decidido cuál es el camino a seguir, la idea del abogado es "proponer a los bancos una solución negociada, que en mi opinión es la forma ideal de solucionar este tipo de situaciones". Sin embargo, Zunzunegui tiene pocas esperanzas. "La banca en España es reacia a llegar a acuerdos y prefiere dejar las demandas en manos de los juzgados".