La Fiscalía Provincial de Vizcaya solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados en el denominado caso Kutxabank -el expresidente del banco, Mario Fernández; el exdelegado del Gobierno central en el País Vasco, Mikel Cabieces; y el abogado Rafael Alcorta- por un delito de administración desleal y falsedad en documento mercantil o, alternativamente, tres años de cárcel, para cada uno de ellos, por un delito continuado de apropiación indebida con falsedad en documento mercantil.
Las acusaciones parten a raíz de los supuestos pagos irregulares que realizó el banco, entre 2012 y 2014, por orden del ahora expresidente, por un importe de 243.592 euros, al despacho de abogados Alcorta, en que se había recolocado el abogado y exdirigente socialista Mikel Cabieces. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por el propio banco Kutxabank, aunque después la entidad financiera no se personó en la causa.
Antes de iniciarse las diligencias judiciales, el expresidente Mario Fernández reintegró de su propio bolsillo al banco el dinero abonado al despacho de abogados.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó en un auto fechado el pasado 30 de mayo, la apertura de juicio oral contra los tres, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía sobre los citados pagos.
La Audiencia desestimó, de esta manera, los recursos de apelación interpuestos por los imputados y apreció "indicios de criminalidad" por la contratación de Cabieces "de modo innecesario y ajeno" a los cauces de Kutxabank.
En su escrito de acusación, la Fiscalía vizcaína considera que los tres actuaron "de común acuerdo" y guiados por el "ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank".
Además de las multas y de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles para Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía, en el de los otros dos acusados.
En su día Fernández atribuyó los pagos a una especie de pacto de recolocación de políticos amenazados por ETA, mientras que Alcorta siempre defendió que Cabieces prestó servicios legales ciertos.
