La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Podemos, a la que se unieron PSOE y Ciudadanos, para reclamar al futuro Gobierno el desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas Castor, de forma "no onerosa para las arcas públicas", y estudiar la posibilidad de emprender acciones legales para exigir responsabilidades ambientales, administrativas, económicas y penales a la empresa concesionaria, Escal UGS -participada en un 66,6% por ACS-. La propuesta contó con el respaldo de todos los partidos, con la excepción del PP.
La iniciativa plantea que existió "dolo" y "negligencia" en la actuación de Escal, tanto en el proceso de estudio del proyecto como en las inyecciones de gas al almacén, que se vinculan directamente con los alrededor de 1.000 seísmos que afectaron a la zona. Por ello, se solicita requerir a la empresa tanto la devolución de las indemnizaciones que recibió por la paralización del proyecto -que suman ya más de 1.600 millones- como posibles reclamaciones en concepto de daños y perjuicios "materiales y morales" a los ciudadanos afectados.
Se insta a definir mecanismos legales para impedir que se vuelva a producir una situación similar, en la que las arcas públicas cubran "indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio". En esta línea, se propone reforzar los recursos de la Oficina Nacional de Evaluación.
Según la iniciativa, el proyecto Castor ha demostrado "ser un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, que han requerido grandes infraestructuras de gran costo y sólo han beneficiado a oligopolios". Según la estimación de En Comú Podem, el coste para los ciudadanos puede superar los 4.700 millones.
La proposición pide que se haga un peritaje de los daños y que se fije un calendario definitivo de "desmantelamiento" de las instalaciones, con una solución que dé "garantías" y cumpla los "requerimientos de seguridad ambientales". La semana pasada, Enagás anunció que había concluido el proceso de hibernación del almacén -al que ha aplicado un doble sellado-, que le había sido encargado por el Ministerio de Industria.
La propuesta recoge, asimismo, la elaboración de un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados.
El Juzgado de Instrucción 4 de Vinaroz está investigando presuntas irregularidades en la concesión del almacén y los posibles delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente ligados a él, en una causa en la que ya hay 18 imputados.
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