El Tribunal Supremo ha dado un auténtico espaldarazo a los accionistas perjudicados por la salida a bolsa de Bankia. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles dos recursos presentados por la entidad para paralizar todas las demandas judiciales por la vía civil hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional, con lo que da alas para que los inversores puedan recuperar el dinero desembolsado. Se espera que haya una avalancha en los próximos meses.
El Alto Tribunal consideró en su decisión que hubo error de consentimiento por parte de los adquirientes de los títulos emitidos en julio de 2011 "debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública (OPV)".
La valoración del Supremo respalda el informe de los peritos judiciales designados por la Audiencia Nacional en el denominado caso Bankia, que acusaron a la entidad a finales de 2014 de falsear las cuentas para poder salir a bolsa y captar 3.100 millones de euros con el objetivo de recapitalizarse.
Más de 350.000 particulares y empresas compraron títulos de la entidad en la OPV. En mayo de 2012 el banco fue nacionalizado por el elevado el deterioro de sus activos, por lo que los inversores que aún mantenían las acciones perdieron todo su dinero.
En el último ejercicio, a raíz del informe pericial, las demandas por la vía civil se han multiplicado. Los últimos datos ofrecidos por Bankia, de mediados de 2015, indican que se habían presentado 17.672 denuncias. En las que se ha dictado sentencia, en el 93% de los casos la entidad ha sido condenada a devolver el dinero a los afectados.
En principio, la decisión del Supremo sólo se circunscribe a las demandas de particulares en los que se centran los recursos de Bankia, pero distintas fuentes jurídicas y de asociaciones de perjudicados coincidieron en señalar que la sentencia supone un cambio radical en el panorama, ya que los juzgados tomarán como referencia la valoración del Alto Tribunal en todas las reclamaciones. Así, se da por asegurada la recuperación del dinero para cualquier inversor, también los institucionales, que hasta ahora se habían mantenido al margen.
A priori, el perjuicio de Bankia se acota ahora a los 3.100 millones captados en la OPV, aunque fuentes jurídicas no descartan que tenga que afrontar también el perjuicio de todos aquéllos que compraron títulos tras la salida a bolsa y hasta la reformulación de las cuentas de mayo de 2012.
Desde Bankia no quisieron hacer ningún tipo de comentario y recordaron que el grupo cuenta con 1.840 millones de euros para afrontar las reclamaciones de los particulares. La entidad, en principio, no espera denuncias de los institucionales, que compraron acciones por cerca de 1.250 millones de euros. De esta cantidad, 1.060 millones serán registrados en la cuenta de resultados o contra el capital de 2015.
De acuerdo al reparto de costes por las demandas de OPV establecidas por el Frob, máximo accionista de Bankia y único socio de la matriz BFA, ésta última asumirá el 60% de la factura, mientras que la primera, el 40% restante. Pero, será Bankia la que pague primero, hasta que consuma la hucha constituida.
Las denuncias que se han presentado hasta mediados de diciembre del ejercicio pasado exigían la devolución de 820 millones de euros. Hasta entonces, Bankia había tenido que desembolsar 176 millones por los fallos de los tribunales.
Las distintas asociaciones y abogados señalan que el informe pericial de la Audiencia Nacional representó un cambio significativo para los perjudicados y que la decisión del Supremo es un "punto de inflexión" definitivo en las causas.
El Banco de España matiza
La sentencia del Supremo, que se conocerá en su totalidad una vez esté redactada, se produce días después de que el Banco de España saliera en defensa de la salida a bolsa de Bankia por primera vez a través de una respuesta al juzgado de instrucción número 1 de Navalcarnero, tal y como publicó ayer este periódico.
El supervisor matizó que en la documentación no hace ningún tipo de valoración al respecto, pero es la primera vez que da información sobre el nivel de provisiones que había exigido a BFA-Bankia antes de la oferta pública de venta de acciones y la hucha que finalmente había constituido. Estas cifras, según los datos aportados al juzgado, ponen en evidencia que las dotaciones eran suficientes.
Además, el organismo que gobierna Luis María Linde, sostiene en el escrito remitido al juzgado que fueron las condiciones económicas y el aumento de las exigencias de provisiones por el riesgo inmobiliario las que obligaron a Bankia a realizar en 2012 un ajuste contable de su balance. Este deterioro llevó a la entidad a su nacionalización y a la salida de Rodrigo Rato de la presidencia en mayo de ese ejercicio.
Hasta ahora, el Banco de España sólo había respondido a cuestiones técnicas y no había aportado datos sobre Bankia en los juzgados.
