Empresas y finanzas

Portugal aprueba reducir el horario de los funcionarios a 35 horas semanales

El Parlamento portugués aprobó hoy con los votos a favor de los socialistas y del resto de la izquierda la reducción del horario de los funcionarios a 35 horas semanales, aunque falta por definir la fecha exacta en que entrará en vigor.

La medida permitirá a los trabajadores del sector público volver a la situación en la que se encontraban hasta septiembre de 2013, cuando el Gobierno conservador que lideraba entonces el país decidió aumentar su horario hasta las 40 horas semanales.

El nuevo Ejecutivo socialista, que llegó al poder a finales de noviembre gracias a un inédito acuerdo firmado con el Bloque de Izquierda y los comunistas, llevaba en su programa electoral esta propuesta. La medida fue aprobada hoy de forma general, aunque debe todavía volver a votarse, tras discutir los detalles de la norma.

Amenaza de huelga

Entre ellos, la fecha de entrada en vigor, que se ha convertido en un asunto polémico en Portugal debido a la amenaza de huelga en el sector público realizada por el principal sindicato luso, la CGTP -de orientación comunista-, para el próximo día 29 de enero.

La central anunció movilizaciones si la norma presentada hoy no era aprobada y si el Partido Socialista no cedía en su idea inicial de que entrara en vigor el próximo mes de julio para dar tiempo a que se proceda a una "reorganización de los servicios" que evite tener que pagar horas extraordinarias para compensar este cambio de horario.

A pesar de que la norma que ampliaba el horario de los funcionarios a las 40 horas semanales fue aprobada en 2013, algunos organismos públicos no aplicaron este cambio, fundamentalmente ayuntamientos, debido a que una sentencia del Tribunal Constitucional confirmó que las autoridades municipales tenían autonomía en esa materia.

Contra la reposición de estos horarios votaron tanto los socialdemócratas del PSD (centro-derecha) como los democristianos del CDS-PP (el partido más a la derecha del arco parlamentario luso), que alertan precisamente del incremento del gasto público que puede derivar de esta modificación legislativa. 

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