La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra los exdirectivos de Abengoa. Los comités de riesgos de los bancos acreedores analizan la inyección de 113 millones en el grupo.
La posible quiebra de Abengoa comienza a tener consecuencias judiciales para sus dirigentes. El expresidente y primer accionista de la compañía andaluza, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tendrán que depositar como fianza los 15,9 millones de euros que el grupo de ingeniería les pagó en concepto de indemnización tras su salida. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha tomado esta decisión tras admitir a trámite la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa. Los directivos tienen hasta hoy, sábado, para abonar la fianza.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha admitido en un auto, dictado ayer con el informe favorable de la Fiscalía, la querella que atribuye delitos de administración desleal a Benjumea y Sánchez Ortega. Al exconsejero delegado, además, le atribuye el uso de información privilegiada.
Sánchez Ortega abandonó el grupo sevillano en mayo pasado. Alegó entonces motivos personales. Dos meses después se incorporó a la gestora de fondos Blackrock. La firma estadounidense ha apostado en los últimos meses en contra de la cotización de Abengoa.
No en vano, el 6 de agosto, apenas unas semanas después del fichaje de Sánchez Ortega, Blackrock se posicionó en corto en el capital de Abengoa con el 0,58 por ciento de las acciones. Un porcentaje que elevó en los días posteriores hasta el 0,77 por ciento y que fue reduciendo progresivamente. El 9 de noviembre, al conocerse el principio de acuerdo con Gonvarri, la gestora cerró posiciones hasta el 0,24 por ciento.
La magistrada ha requerido a la compañía andaluza que envíe la información relativa a los pagos de 11,48 millones efectuados a Benjumea y de 4,48 millones a Sánchez Ortega, a quienes ha apercibido, según recoge Europa Press, de que si no entregan fianzas por sendos importes, procederá a la ?adopción de medidas cautelares sobre sus bienes?. Al margen de la indemnización, Sánchez Ortega tiene pendiente el cobro de 3,3 millones de euros en concepto de ?bonus variable? que percibirá ?a cuenta de 2015 hasta su salida?, en mayo pasado.
Lamela ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le envíe información sobre tales pagos y sobre las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por Blackrock.
Grave repercusión en el PIB
Además, la jueza ha reclamado a la auditora Deloitte una copia de su último informe sobre las cuentas y resultados de la compañía de energías renovables, y ha dirigido un oficio al juzgado de lo Mercantil número 2 para que remita una de la solicitud de preconcurso de acreedores presentada por la multinacional. En su auto, la magistrada justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos en que han podido tener una ?grave repercusión? en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades que se imputan a los querellados como ?cobradas indebidamente?, así como el ?perjuicio patrimonial? ocasionado a una generalidad de personas en el territorio nacional.
Lamela ha dado un plazo de tres días a los querellantes, que adquirieron bonos por 103.970 euros, para que respondan si debe declarar compleja la causa. Su abogado, Felipe Izquierdo, denunció la ?horrible? gestión de quienes fueran los máximos gestores de Abengoa y las indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias que percibieron, pese a conocer la ?auténtica realidad económico financiera de la empresa?.
Por otra parte, la magistrada ha acordado tramitar en un procedimiento diferente la segunda querella que fue presentada por varios bonistas y accionistas, representados por el despacho Yvancos Abogados, por delitos societarios y falsedad documental contra consejeros de Abengoa y de Deloitte.
La juez, que no ha decidido aún sobre su admisión a trámite, explica que se trata de hechos diferentes con distinta calificación jurídica. Estos titulares de bonos y acciones invirtieron un total de 299.911 euros y denunciaron el maquillaje contable de Abengoa.
Entre tanto, los bancos acreedores han acercado sus posiciones para inyectar 113 millones de euros para que Abengoa pueda pagar las nóminas y los pagos más urgentes a proveedores antes del 31 de diciembre. El denominado G-7 (Banco Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Crédit Agricole) han trasladado a sus comités de riesgos una propuesta para asumir una parte de esta financiación y, previsiblemente, la próxima semana firmarán el préstamo, que estará garantizado por acciones de Abengoa Yield. El crédito, no obstante, está supeditado a la aportación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que alcanzaría los 20 millones.