Como se esperaba en el sector, la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no haber traspuesto al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Tal y como publicó elEconomista, el runrún sectorial era que el expediente se abriría el próximo 5 de diciembre, fecha límite establecida por la norma europea para que las grandes empresas sometieran sus inmuebles a una auditoría energética. Pero Bruselas no ha esperado: inició el proceso el 23 de julio.
Otros 10 países están en la misma situación que España: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Portugal. Muchos de ellos, España inclusive, han traspuesto parcialmente la norma, como revela un informe de Eurochambers, la Asociación Europea de Cámaras de Comercio e Industria.
En el caso de España, la labor técnica de la parte pendiente ya está hecha: Industria tiene un borrador de Real Decreto listo para elevarlo al Consejo de Ministros; de hecho, ya estuvo encima de su mesa en verano, pero fue rechazado; en el sector se cree que por motivos electorales, porque obliga a realizar inversiones -las citadas auditorías energéticas y la instalación de contadores individuales en los sistemas de calefacción centralizada, entre otras- que se amortizan a largo plazo.
Lo más importante de la parte traspuesta es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que se nutre con aportaciones de las distribuidoras de energía. También falta por desarrollar un mercado para los llamados certificados blancos.
La Comisión da dos meses de plazo a los afectados para que traspongan la Directiva íntegramente, so pena de remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE para que imponga sanciones. Teniendo en cuenta la duración de estos procesos, es muy difícil que termine afectando económicamente al país.