El Ejecutivo utilizará cerca de 700 millones de una partida destinada a pagos por capacidadOlvida la Ley del Sector, que obligaba a destinar el superávit a tapar el 'agujero' de 25.000 millones
El Gobierno asestó ayer un golpe mortal a la credibilidad de su reforma eléctrica. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en el que incluye una rebaja de los peajes de la tarifa eléctrica que va en contra de los criterios introducidos en diciembre de 2013 en la Ley del sector eléctrico. La intención del Gobierno es reducir la tarifa eléctrica a los consumidores en un 2,2 por ciento antes de las elecciones del próximo noviembre.
El Ejecutivo quiere incrementar el dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que mejore su percepción de salida de la crisis y paliar así la subida que ha experimentado este año el recibo de la luz: casi un 5,6 por ciento hasta junio. Y la que se está produciendo en julio por el aumento de demanda y la entrada en funcionamiento de un mayor número de ciclos combinados.
La medida, en la que fuentes consultadas por este diario aseguran que se llevaba trabajando cerca de tres semanas, no fue incluida ayer en la referencia de la reunión del Consejo de Ministros y el Ministerio de Industria tampoco envió ningún comunicado explicándola. El Gobierno se limitó posteriormente a incluirlo en el resumen del Consejo de Ministros.
Según indicó Soraya Sáenz de Santamaría -ya que el ministro Soria no compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo- la medida permitirá una bajada media del recibo de la luz del 2,1 por ciento, que será del 2,2 por ciento para los consumidores domésticos, lo que supone que el recorte de los peajes rondará el 4 por ciento ( alrededor de 713 millones de los 17.843 millones que suponen).
La vicepresidenta explicó que la rebaja ha sido posible gracias a la reducción de determinados costes y una vez resueltos los desequilibrios que generaba el déficit tarifario. Pero según estas explicaciones y siguiendo el espíritu de la ley, el dinero del superávit debía ir destinado a reducir el déficit de tarifa acumulado ya que expresamente se prohibe utilizarlo en otra cosa.
La medida adoptada por el Consejo de Ministros choca frontalmente con la Ley del Sector eléctrico que en su artículo 19 asegura que "Siempre que existan desajustes de años anteriores estos ingresos se destinarán a la reducción de las cantidades pendientes de devolución correspondientes a los mismos" y añade que "En todo caso, mientras las partidas de costes del sistema eléctrico reflejen pagos que correspondan a deudas pendientes de años anteriores, los cargos no podrán ser revisados a la baja".
Para poder sortear este escollo legal, el Gobierno ha utilizado un Real Decreto Ley con la bajada de los peajes, que se obtendrían de la reducción de una serie de pagos por capacidad que se trasladan directamente al consumidor.
Saenz de Santamaría, no obstante, indicó que los peajes son la única parte de la factura eléctrica sobre la que puede actuar el Ejecutivo, un extremo más que dudoso ya que incluso en el caso contrario, si existiese déficit de tarifa, la normativa les obliga a subir los peajes si superan un umbral del 2 por ciento, alrededor de 400 millones.
Cambios en autoconsumo
Por otro lado, el Gobierno ha introducido una modificación en la Ley del Sector Eléctrico para reducir la carga de los pequeños consumidores que opten por el autoconsumo, por ejemplo mediante la colocación de paneles solares.
Los usuarios que consuman menos de 10 kilovatios se beneficiarán de la exención en algunas cargas administrativas y de gestión.
Esta medida tampoco se desarrolló ayer con detalle para saber si se podrá desbloquear este negocio en España, que el sector ha calificado de inviable tras conocer el borrador del Gobierno, que se espera que pueda aprobarse la semana próxima.
El Ministerio de Industria congeló en enero los peajes de acceso, de modo que las variaciones registradas en lo que va de año responden al comportamiento del mercado mayorista de electricidad. El éxito del PVPC -que eliminaba la politización de la tarifa- queda ahora en agua de borrajas por el uso partidista de la parte regulada de la tarifa eléctrica.
Por último, se refuerza la protección social de los trabajadores del sector de la minería anticipando, con carácter voluntario, el acceso a la prejubilación de aquellos que tuviesen previsto hacerlo antes del 31 de diciembre de 2018. La medida, ha asegurado Sáenz de Santamaría, "ya ha sido acordada y pactada con los sindicatos mayoritarios".
