El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) y la Competencia el borrador de la Orden Ministerial que regulará las ayudas a la producción de carbón autóctono con cargo a la tarifa eléctrica durante el período comprendido entre 2015 y 2018. El nuevo sistema reduce a más de la mitad el monto de dichas ayudas y acrecentará el conflicto abierto entre el ministro José Manuel Soria y la Junta de Castilla y León.
De acuerdo con la memoria de análisis de la futura norma, durante los próximos tres años los consumidores de electricidad abonarán un máximo de 405 millones de euros para mantener abiertas las minas del negro mineral. Durante los últimos tres años, el coste de ese mismo apoyo ha ascendido a 902,9 millones: 445 en 2012, 224 en 2013 y 233,9 en 2014, según los datos de OMIE.
El borrador de la Orden establece un pago fijo para las centrales térmicas que consumen carbón nacional de 90.000 euros por MW de potencia instalado. Puesto que la potencia conjunta de dichas centrales asciende a 4.500 MW, el monto máximo de la ayuda será de 405 millones de euros hasta 2018, año en el que deberán suprimirse totalmente por mandato europeo.
El sistema anterior, concluido el año pasado, otorgaba un precio fijo a cada central, suficiente para cubrir sus costes si el precio del mercado eléctrico no era bastante. Por eso, y por las diferencias en las cantidades de carbón consumido, las ayudas han resultado tan dispares de un ejercicio a otro.
El nuevo sistema está ligado a que las empresas eléctricas inviertan en las plantas generadoras al objeto de reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno, muy nocivos. Esta disminución de la contaminación es una exigencia de la Directiva de emisiones contaminantes, concretada en el Reglamento de emisiones industriales.
Está por ver que las nueve centrales que queman carbón nacional vayan a recibir estas inversiones, por lo que el monto final de los pagos con cargo a la tarifa eléctrica podría ser inferior.
Además, hay otras condiciones para que las eléctricas perciban las ayudas, como la obligación de que compren carbón autóctono. Cada año deberán adquirir un mínimo de 6 millones de termias PSC por MW instalado, que, convertidas a toneladas, son 5,6 millones. Durante 2014, las empresas eléctricas sólo compraron 3,6 millones de toneladas, a pesar de que las cantidades prefijadas ascendían a 7,6 millones de toneladas.
La propuesta normativa todavía ha de superar el examen de la Comisión Europea, a fin de garantizar que el mecanismo de apoyo elegido no cabe dentro del epígrafe de ayudas de Estado, prohibidas por la regulación comunitaria. El Gobierno lo remitirá a Bruselas una vez haya recibido el prescriptivo dictamen de la CNMC.
Condiciones suavizadas
El nuevo borrador de la Orden mejora las condiciones propuestas por el anterior borrador conocido.
En éste, el pago por desnitrificación se reducía a 72.000 euros por MW instalado y el volumen de carbón de obligada adquisición se quedaba en 3,8 millones de toneladas.
La mejora en los planteamientos no es suficiente para la patronal Carbunión, ni para los sindicatos, ni para la Junta de Castilla y León, que defiende con intensidad la supervivencia de las cuencas mineras. A su juicio, el mecanismo plantea problemas con las existencias de carbón que quedan en la mina de un año para otro.