En los pocos días que los administradores provisionales del Banco de España asumieron las riendas de Banco Madrid se tomó una decisión que acentuó su problema de liquidez y tiene visos de convertirse en piedra de toque en recursos contra la gestión de la crisis de la entidad. Los gestores autorizaron la devolución al Banco Central Europeo (BCE) de 294 millones de euros tomados en su ventanilla, quedándose sin atender la solicitud de retirar otros 52,3 millones de euros cursada por algunos clientes.
El dispar tratamiento se explica, justifican en el organismo supervisor, por la propia precipitación de los acontecimientos. Las sospechas sobre Banco Madrid tras la denuncia de la autoridad antiblanqueo de Estados Unidos a su matriz BPA provoca una retirada de 124 millones de euros entre el 10 de marzo, cuando se difunde el escrito estadounidense, y el viernes 13.
Ese día quedan en el aire, con las órdenes cursadas y sin ejecutar, la solicitud de los citados 52,5 millones. Pero el domingo 15 y en una reunión de emergencia, la Comisión Ejecutiva del Banco de España se decide instar el concurso. Teme una sangría incontenible que la entidad no podrá atender, azuzada por la detención ese fin de semana del consejero delegado de BPA y de la filial española, y el envío a la Fiscalía del informe del Sepblac. El problema es que la declaración de concurso obliga a suspender su acceso a las operaciones del eurosistema y a devolver la línea de liquidez o el BCE ejecutará, por aplicación de sus reglas, las garantías depositadas para obtenerla -una cartera de deuda-.
Ejecución de las garantías
Sin embargo, el banco amanece el lunes 16 suspendido de operativa y los clientes se dan bruces contra su persianilla ante la imposibilidad de rescatar los ahorros, incluso en las operaciones ya ordenadas.
Las reglas del organismo dirigido por Mario Draghi son claras y los administradores también estaban capacitados para autorizar el pago de toda deuda líquida y exigible hasta el 25 de marzo, cuando el juez admite el concurso, lo que ampara la transacción. La tacha a la actuación es que es discriminatoria con clientes, según fuente jurídicas. Esta fuentes lo interpretan como un incumplimiento de la ley concursal, en la medida que de su proceder se espera que protejan por igual a todos los acreedores.
En una sociedad, disponer de parte de la caja bajo la situación de excepcionalidad que atravesaba Banco Madrid, es susceptible de alentar además demandas por alzamiento de bienes, aunque esta operación se encontraría amparada por las reglas que obligan a las entidades financieras. En el organismo supervisor defienden que el BCE tiene capacidad para ejecutar su cobro, sin engrosar la masa de acreedores.
Las fuentes conocedoras de la norma concursal creen que los administradores debían haber congelado la ejecución de la restitución de los fondos al organismo europeo y que el magistrado encargado del proceso en el juzgado mercantil número 1 de Madrid puede aún tumbar la operación y reclamar, con una acción rescisoria, el retorno de los casi 300 millones de euros.
El recurso de apelación presentado en este tribunal por la pirenaica Banca Privada'Andorra (BPA) en contra de la declaración del concurso apunta a la transacción como la puntilla que firma la defunción de Banco Madrid. Los 294 millones "devinieron en exigibles como consecuencia de una decisión declarada por los administradores concursales" que engordó la deuda a liquidar de inmediato y convirtió en déficit de liquidez una situación de superávit, argumenta el escrito.
El documento presentado al juez por los administradores provisionales cifra en unos 144 millones el déficit de liquidez inmediata. Según detalla dicho balance, Banco Madrid contaría con 902 millones de euros en activos fácilmente disponibles, correspondientes a los depósitos del banco en el BCE y en otras entidades de crédito, su cartera de deuda y en renta variable fácilmente enajenables; mientras que la deuda exigible de inmediato ascendería a 1.046 millones de euros.
El recurso de BPA, elaborado por Cuatrecasas, pone el acento en que dicho pasivo se ha incrementado con partidas como los 294 millones del BCE y 44 millones en ahorros de clientes no exigibles por ser depósitos a plazo. Alega que Banco Madrid disponía además de otros activos, cuya venta ni se consideró.