En España el coste promedio de la gestión de los residuos municipales es un tercio de lo que pagan los socios comunitarios con mejores sistemas. Aquí oscila entre los 30 y los 40 euros por tonelada, mientras que allí varía de los 90 a los 120 euros. A los españoles nos sale aparentemente más barato, pero lo pagamos más caro con las afecciones ambientales y el desperdicio de recursos, porque no avanzamos hacia las mejores alternativas para los desechos: la prevención, la reutilización y el reciclado. Más información en la nueva edición del suplemento elEconomista Agua y Medio Ambiente.
Por otro lado, las tarifas y tasas que pagamos para librarnos de lo que nos sobra no funcionan según la máxima el que contamina paga, sino que siguen otros criterios, como los metros cuadrados de superficie o el valor catastral de los inmuebles. Y eso, cuando no se mezclan con otras partidas, como el IBI o el agua.
Esa situación explica que España incumpla la normativa europea sobre vertederos y que alrededor del 60 por ciento de toda la basura que genera el país acabe en ellos, casi la mitad sin tratamiento previo alguno.
Marco común de fiscalidad
Por eso el borrador del Plan Estatal Marco de Residuos (Pemar), al que ha tenido acceso elEconomista, aboga por establecer "un marco común sobre fiscalidad ambiental" que en una primera etapa grave el depósito de residuos en los vertederos y en una segunda grave la incineración. Los ingresos obtenidos por estas vías deberían tener carácter finalista y destinarse a incentivar la prevención, la reutilización y el reciclaje.
El primero de los dos tributos ya está implantado en nueve comunidades autónomas, pero el segundo sólo en Cataluña; la Generalitat obtiene casi 25 millones de euros anuales entre ambos y los invierte en mejorar el sistema.
Y para esclarecer lo que se paga, el Pemar apuesta por fijar tarifas y tasas municipales específicas, que tengan en cuenta la cantidad y el tipo de residuo, de forma que se avance hacia sistemas de pago por generación.
En esta línea, también propone ahondar en la aplicación de los esquemas de responsabilidad ampliada del productor, que devienen en la existencia de sistemas integrados de gestión, como Ecoembes o Tragamóvil.
Respecto a los vertederos, reclama que se tenga en cuenta el "coste real" de su gestión, incluyendo la vigilancia y restauración ambiental a largo plazo.
Ausencia de cifras
En ninguna de esas opciones se avanzan cifras concretas y la probabilidad de que se apliquen a corto plazo es escasa o nula. Estamos en año electoral y el ministro de Hacienda ya ha rechazado cualquier reforma de la fiscalidad ambiental. Empero, el Pemar mira a la próxima legislatura.
Las propuestas del documento, muy generales, deben concretarse en los planes que desarrollen las comunidades autónomas y en las medidas que apliquen finalmente las entidades locales, responsables últimas de la gestión de los servicios de basuras. Y no hay que dormirse, porque una de las condiciones establecidas para percibir los Fondos de Cohesión europeos hasta 2020 es que España tenga aprobados los planes nacionales y autonómicos antes de que acabe 2016.
Esta exigencia, por otro lado, casa mal con la decisión que la Comisión Europea adoptó en julio del año pasado, en cuanto sus actuales miembros tomaron posesión, de aparcar el Paquete de Economía Circular que habían elaborado sus predecesores, al objeto de preparar una nueva propuesta "más ambiciosa" y "más completa". Así, el Pemar se ha redactado sin saber cuáles serán las nuevas metas y directrices que establecerá la UE hasta el año 2030.