El pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó el pasado miércoles por la noche la compra del 56% de Distribuidora de Televisión Digital (DTS, más conocido como Canal+) por parte de Telefónica. La trascendencia de la decisión será histórica. A simple vista, la operación proyecta la superdominancia del actual líder de la televisión de pago, Movistar TV, ahora con la incorporación de su inmediato rival, Canal+.
El primero cuenta más de dos millones de abonados y el segundo añadirá sus 1,55 millones de suscriptores. El resto de los operadores apenas suman 1,4 millones. De esa forma, la integración de las dos empresas reforzará a un gigante que acaparará el 80% de los ingresos del sector y el 70% de los clientes. Telefónica posee actualmente un 44% del capital de Canal+, de forma que tras la compra ahora aprobada dispondría del 100% de la plataforma de televisión de pago. Las doce condiciones de la CNMC.
Si las referidas magnitudes ya son por sí mismas memorables, no lo será menos el efecto salvador que la venta representa para el futuro inmediato de Prisa. El grupo que preside Juan Luis Cebrián ha visto el cielo abierto con la aprobación de una transferencia que evitará la asfixia de su compañía por la presión de la deuda. En total ingresará alrededor de 719 millones de euros, una vez ajustado el importe de la venta a diversas contingencias comerciales y de negocio.
Cualquier otro desenlace distinto al ocurrido hubiera resultado dramático para Prisa, pero ni mucho menos tanto para Telefónica. El grupo de comunicación se encontraba al borde del abismo financiero, con una deuda de casi 2.500 millones, y el rechazo de la venta de su plataforma de TV supondría un paso al frente de fatales consecuencias.
Nada de eso sucederá ya que Prisa cumplirá con sus planes de reducción de deuda hasta 2016 gracias a la referida venta de Canal+ y la inyección de 75 millones procedente de la entrada de International Media Group, propiedad del sultán catarí Ghanim Al Hodaifi Al-Kuwari, que ha adquirido el 10% del grupo multimedia en la última ampliación de capital. En un comunicado, Prisa calificó de positiva la resolución de la CNMC, ya que "le permitirá centrarse en el negocio de la educación y la información, con especial foco en el crecimiento en América Latina".
Oportunidad para Telefónica
En las antípodas de Prisa se encuentra la teleco que en España preside Luis Miguel Gilpérez, que ha afrontado el proceso de compra de Canal + con la tranquilidad de quién no se juega más que una valiosa oportunidad para crecer más rápido de lo que ya lo venía haciendo.
La posición negociadora de Telefónica debió resultar extrañamente confortable para la teleco, consciente de que los intereses políticos jugaban de su lado. Los analistas consultados por elEconomista recuerdan que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no dejaría hundir al imperio Prisa, propietario de ElPaís y la Cadena Ser, y menos en épocas electorales como las que vienen. Otros gigantes empresariales y financieros también miraban con inquietud la actuación del regulador, como es el caso del Santander o La Caixa, titulares de bonos que se convertirán en acciones de Prisa.
Los estrategas de Telefónica han podido enrocarse en sus compromisos, cediendo sólo lo justo para lograr su objetivo. Así propusieron a la CNMC abrir al mercado mayorista el 50% de sus canales premium. Cualquier otro porcentaje, como el que propugnaban los operadores alternativos, hubiera sido innegociable por Telefónica.
En concreto, tanto Vodafone como Orange reclamaron a la CNMC la apertura total de los canales premium de Telefónica-Canal+, aunque se darían por conformes si dicha cuota alcanzara el 75%, conscientes de que así quedarían para Telefónica contenidos diferenciales de alto valor que justificaran su compra. Sin embargo, el operador líder se mostró inflexible al respecto. "Si las condiciones nos convencen, aceptamos; si resultan perjudiciales para nuestro negocio, que lo compre otro", debían pensar en la teleco.
Respecto a los precios mayoristas de los contenidos premium, estos deben asegurar "la replicabilidad de la oferta minorista de Telefónica sin incurrir en situaciones de estrechamiento de márgenes", según la CNMC.
Según indica la CNMC, "Telefónica se compromete a no entorpecer la movilidad de sus clientes actuales y futuros de televisión de pago con el establecimiento de limitaciones a las políticas de permanen- cia y retención de clientes".
Por lo tanto, el operador "tramitará las solicitudes de baja de sus clientes en un período limitado de tiempo (máximo de 15 días para clientes de servicios no empaquetados, por ejemplo); renunciará a la exigencia y aplicación de cláusulas de permanencia bajo determinadas circunstancias, y no realizará prácticas de recuperación de determinados tipos de clientes durante un periodo limitado de tiempo (dos meses) desde la solicitud de baja", añade el regulador.
Asimismo, la CNMC impide a "Telefónica adquirir derechos exclusivos de emisión que no vaya a explotar". Además, la entidad resultante deberá limitar a tres años la duración de sus contratos de adquisición de contenidos y renunciar a los derechos de adquisición preferente de contenidos
No obstante, las condiciones del procedimiento aconsejan a Telefónica y Canal+ mantener cierta cautela durante los dos próximas semanas. De hecho, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dispone ahora de 15 días para reconsiderar la operación en términos ajenos a la competencia, pero sin posibilidad de tumbar la decisión de la CNMC.
Respecto a las condiciones de acceso a la red de Telefónica para otros proveedores de televisión de pago por Internet (como será el caso de Netflix y otros proveedores de videos en streaming), el operador se deberá comprometer a prestar un servicio de acceso a su red de Internet en España con capacidad y garantías de calidad suficientes a terceros operadores.
Por todo lo anterior, Telefónica garantizará al menos tres rutas de acceso a su red de Internet cuya congestión no podrá superar el 80%. Además, Canal+ deberá seguir ofreciendo su señal satelital a otros operadores con los que ahora tiene contrato hasta la extinción de los mismos, aunque deberá admitir una prórroga de seis meses.
