La quiebra de Martinsa Fadesa, la mayor de la historia española, y el abismo al que se asoman las autopistas refleja que la banca ya no está dispuesta a todo y se lo piensa más veces antes de refinanciar inconmesurables deudas. En el sector financiero defienden que el termómetro es el mismo sistema de control de riesgos y aún se mira proyecto a proyecto con la intención de encontrar la mejor solución porque el propósito final sigue siendo recuperar el dinero prestado.
Pero a la vez ocurre que, con los balances amurallados frente a impagos gracias a la abultada red de provisiones constituida, hay mayor inclinación a dejar caer operaciones que juzgan inviables. "Cuando tienes todo provisionado, y has asumido el gigantesco esfuerzo de los decretos De Guindos I y De Guindos II, no hay aliciente para seguir sujetando a concursados que, a veces, ni siquiera han sido capaces de cumplir con obligaciones de su convenio", reconocen en una entidad financiera.
Bajo esta máxima decae la predisposición a aplicar las drásticas quitas de antaño para cerrar refinanciaciones no sostenibles, capitalizar los préstamos o reestruturar la operación con créditos participativos si ven difícil futuro.
El desplome de la actividad a cotas ridículas durante los siete años de crisis ha condenado a múltiples proyectos y empresas del ámbito promotor y construcción a una suerte así, aplastadas por su insoportable apalancamiento. Precisamente, la reiterada refinanciación a esta industria-algunas por tres o cuatro veces- movió al Banco de España en 2013 a dar una vuelta de tuerca al régimen de provisiones para despejar las sospechas que sobrevolaban a la banca de encubrir quiebras en empresas dándoles oxígeno con el simple ejercicio de propinar una patada hacia adelante al problema.
Uno de los datos que hizo saltar la alarma es que la morosidad inmobiliaria seguía limitada al 13% en 2010, aún cuando la crisis había frenado en seco a esta industria dos años antes y constructoras e inmobiliarias copaban casi la mitad de todas las refinanciaciones en cartera.
El requerimiento supervisor le costó 27.000 millones de euros en dotaciones al sector financiero, que en los últimos seis años ha destinado 280.000 millones en total para limpiar un 'ladrillo' que sembraba desconfianza de los inversores en la salud bancaria.
Con esa red, un proyecto que arroje serias dudas se tropieza ahora con dificultades. Emerge la ortodoxia bancaria antes quizá desplazada por la inconveniencia de tener que reconocer pérdidas, si dejaban caer a la compañía, cuando la regulación exigía más capital y dotaciones, y cobra interés que vaya a la liquidación.
"Si se liquida y venden activos, lo que haremos será liberar las provisiones", refieren en un banco, donde sugieren que ciertas reestructuraciones se complican además por la compra de parte de la deuda por fondos especulativos que buscan rentabilidades rápidas y obstaculizan los acuerdos.
Poner el cartel de venta a inmuebles ahora ofrece mejores perspectivas que hace tan solo unos pocos meses, al haberse comenzado a mover el mercado permitiendo cobrar mejores precios por los edificios.
En el sector niegan consejo alguno para poner en orden las carteras que consideran abocadas a fracasar por parte del supervisor, aunque alguna entidad admite interés general por pasar página del lastre del ladrillo, a fin de mejorar la comparativa con otros bancos europeos.
Se trata, en cualquier caso, de afinar la gestión de los riesgo porque coexiste con una vocación clara de refinanciar operaciones con futuro, ahora que las ventas reviven y los fondos especializados se disputan activos. De hecho, la reactivación económica y la nueva normativa que facilita las refinanciaciones corre a favor. Como ejemplo, en el sector apunta la reestructuración de deuda de Colonial y en otro tipo de empresas, como Pescanova. ACS ha refinanciado recientemente unos 2.000 millones, y Sacyr un importe equivalente ligado a su 8,8% de Repsol.
El sector financiero digiere
Los excesos de un crecimiento a lomos de la burbuja inmobiliaria estallaron de golpe en las tuberías de la banca. Al precipitarse la crisis y frenar la economía, sobrevino una oleada de concurso de acreedores de empresas que financiaban y han acabado o enfilan ahora la liquidación en muchos casos.
El crédito dañado comenzó a transformarse en inmuebles al ejecutarse los impagos, obligando a reconocer quebrantos y sanear la exposición. El resultado de la adversión a este riesgo es que la financiación a constructoras y promotores se ha desplomado un 55% desde los 474.807 millones máximos prestados en septiembre de 2008 a 209.599 millones en septiembre del pasado ejercicio, últimos datos del Banco de España. Si la mora era entonces del 0,59% del saldo vivo financiado -2.710 millones de euros en total-, ahora supone un 36,29%, con 76.069 millones. La buena noticia es que ha mejorado en los últimos meses -alcanzó un 37,06% récord al cierre de 2013-.
