El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas civiles por un total de 4,3 millones de euros a 21 exconsejeros que utilizaron las tarjetas opacas de Caja Madrid al descartar que fueran un complemento a su retribución y considerar que debían saber que con ellas podían "menoscabar" sus fondos. Lea aquí el auto de la Audiencia Nacional (.pdf).
Andreu recuerda que existen cargos de las tarjetas efectuados en fines de semana o festivos, en artículos o productos que en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.
En un auto, el magistrado fija unas cuantías que oscilan entre los 11.000 y los 610.000 que ha establecido para el exconsejero José Antonio Moral Santín y advierte a todos de que si no las depositan se procederá al embargo de sus bienes.
Andreu ha tenido muy en cuenta el "contundente" testimonio del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que rechazó la que le entregó el expresidente Rodrigo Rato por estimar que se trataba de una "mala praxis", para concluir que los imputados "pudieron y debieron haber puesto de manifiesto esta práctica a fin de evitar la misma".
Supervisión y control
El juez considera que esta "práctica irregular" causó un perjuicio a la entidad y que "no es de recibo que los consejeros manifiesten que nadie les llamó la atención" por su uso en provecho propio. En su opinión, deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta práctica por el bien de la caja pues esta supervisión y control estaba entre sus atribuciones.
"La simple condición de consejero y la aceptación de dicha responsabilidad presupone el conocimiento de que no se puede entender como aceptable la entrega de una tarjeta para su uso discrecional y sin necesidad de justificar las necesidades del gasto", explica el juez.
En este sentido, recalca que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid hizo aumentar "el límite cuantitativo" de las tarjetas y desaparecer por completo el "control cualitativo", al tiempo que los movimientos de fines de semana o festivos en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.
Partidos, patronales y sindicatos
Además de Moral Santín, el magistrado impone las fianzas más altas al sindicalista de CCOO Francisco Baquero (356.000 euros), al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, del PP (341.000 euros), al exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero (337.000), al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (283.000) y al exconcejal socialista José María de la Riva (279.000).
También establece cauciones para el exdiputado socialista Ramón Espinar (238.000), la exvocal a propuesta del PP Carmen Cafranga (234.000), el representante de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües (210.000), el representante de CCOO Rodolfo Benito (188.000), el exconsejero 'popular' Alberto Recarte (187.000), el exalcalde de Móstoles por el PSOE José María Arteta (186.000), el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, del PP (172.000) y la exvocal Mercedes Rojo, de esta misma formación política (160.000).
Completan la relación el exdiputado del PSOE Jorge Gómez (131.000 euros de fianza), el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (126.000), el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (105.000), el miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y exvocal del PP Luis Blasco Bosqued (69.000), la exconsejera socialiasta María Enedina Álvarez Gayol (63.000), el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (59.000) y el exministro socialista Virgilio Zapatero (11.000).
Seis exconsejeros, sin fianzas
El magistrado rechaza establecer fianzas para otros seis exconsejeros que alegaron en su declaración que habían devuelto los importes gastados. Se trata del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), el integrante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700), el integrante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), el sindicalista de CCOO Juan José Azcona (99.300), el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández (37.300) y Javier López Madrid, de la patronal CEIM (34.800).
El fiscal Anticorrupción había solicitado la semana pasada la imposición de una fianza civil para los imputados por el valor de todo lo que gastaron con ellas.
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