El informe de los peritos del caso Bankia ha causado un gran impacto al asegurar que la salida a bolsa de la entidad se hizo con sus cuentas falseadas y que, además, el precio fijado para el debut bursátil suponía la inviabilidad de la matriz del banco, BFA. Sin embargo, el Banco de España, también en la declaración de sus representantes en la Audiencia Nacional, no coincide con este diagnóstico.
El supervisor, ahora y en mayo de 2012, cuando se fuerza la salida de Rodrigo Rato, defendió la viabilidad del grupo de siete cajas, aún reconociendo que el deterioro adicional de la economía había forzado a pedir refuerzos extra.
También hay desacuerdo en las afirmaciones que los peritos hacen de la etapa de José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de BFA- Bankia donde dicen detectar "irregularidades contables" en la reformulación de las cuentas del grupo del año 2011.
Leves advertencias del Banco de España
Estas contradicciones entre los expertos y el supervisor ponen en duda la actuación de la cúpula del Banco de España en las cajas que conformaron Bankia y que, en el caso más extremo, podrían llevar a su exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al banquillo de los acusados.
Lo cierto es que el Banco de España hizo reiteradas advertencias a Caja Madrid, Bancaja, y las otras cajas del grupo, sobre graves deficiencias detectadas en sus cuentas y en su gestión. Pero el supervisor confió en que el plan de integración confeccionado para el grupo y por el cual se solicitaban 4.465 millones de euros se ayudas públicas serían suficientes para asegurar su futuro financiero.
De los problemas detectados dan fe los requerimientos exigidos a las cajas a través de varias cartas enviadas por la dirección de supervisión del Banco de España.
Se refieren a los años dorados de Miguel Blesa y José Luis Olivas al frente de Caja Madrid y Bancaja principalmente, una etapa que queda fuera de la investigación que se desarrolla en los juzgados.
Entre las conclusiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, tras una serie de inspecciones a las entidades iniciadas en marzo de 2009, se incluyen, entre otras irregularidades, una deficiente gestión del riesgo crediticio, clasificaciones erróneas de los préstamos, refinanciaciones "sin sentido económico", deterioros del fondo de comercio y una inadecuada estructura financiera. Todo ello daba como resultado unas necesidades de provisiones que, según los cálculos del Banco de España, se cubrirían suficientemente con las ayudas que se recibirían por la constitución del SIP de las siete cajas, siempre y cuando se abandonaran esas prácticas y se reorientara el negocio.
Esfuerzos adicionales
"Es necesario cumplir de forma rigurosa las medidas recogidas en el plan de integración aprobado por la comisión ejecutiva del Banco de España", afirma el escrito firmado por Jerónimo Martínez Tello a finales de diciembre de 2010, por entonces director general de supervisión. A continuación, sin embargo, hacía la advertencia de que "no deben descartarse mayores esfuerzo en saneamiento de riesgo, fortalecimiento de los recursos propios y mejora de eficiencia si las condiciones del entorno económico así lo requieren".
Antes de llegar a esta conclusión se describe una serie de despropósitos que llevaron a las dos entidades a una situación límite.
Tras la inspección, la morosidad en el sector promotor prácticamente se duplicó, al pasar de 11,6 a 20,8%, resultado de las reclasificaciones que debía realizar Caja Madrid. En activos dudosos la cuantía ascendía a 1.297 millones de euros y a la categoría de subestándar (al corriente de pago pero con probabilidad de insolvencia) 1.425 millones en el sector promotor.
Para cubrir este deterioro, requería un saneamiento adicional de 577 millones de euros. Estas exigencias fueron comunicadas al entonces presidente de la caja, Rodrigo Rato, que había accedido al cargo casi un año antes en sustitución de Miguel Blesa.
La carta destaca que a lo largo de ese ejercicio la entidad había llevado a cabo parte de los ajustes y reclasificaciones, "quedando pendiente de contabilización 223 millones a dudosos, 225 millones a subestándar y la constitución de 110 millones de fondos de insolvencias".
La inspección realizada por el Banco de España destapa todas las deficiencias en la gestión del riesgo crediticio de la entidad bajo la gestión de Miguel Blesa, principalmente desde 2006.
Así, por ejemplo, indica que en el análisis pormenorizado se estudió la situación de 65 grupos inmobiliarios con un volumen de préstamos de 3.441 millones sobre una cartera total de 18.000 millones. En la revisión, señala el informe respaldado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, se detectó que en 43 de esos acreditados, es decir, el 66% de los casos, se había refinanciados sus deudas con aplazamientos de vencimientos de hasta tres años, "sin que en la mayoría se aportara ni un plan de negocio consistente ni garantías adicionales efectivas, distinta de la superposición de garantías previamente existentes".
Política agresiva desde 2006
En este sentido, sostiene que la prórroga o reestructuración de la deuda, "en numerosos casos", se ha concebido "más como una solución al problema y no como un medio u oportunidad que permita a los acreditados conseguir tiempo suficiente para ejecutar las decisiones empresariales importantes que lleven a optimizar tanto el balance como la cuenta de resultados".
La inspección también se refiere a las operaciones hipotecarias y argumenta que en menos de un año -de junio de 2009 a junio de 2010-, la morosidad en este sector crece del 4,7 al 7,6%, debido a la "agresiva política comercial de Caja Madrid durante 2004 a 2006", por la que concedió préstamos de manera general con un importe superior al 80% sobre la garantía. Esta práctica ya fue alertada por el Banco de España en diciembre de 2006.
Pero el documento considera que "otro factor determinante en la escalada de la morosidad" fue la debilidad en la evaluación de la capacidad de pago a largo plazo de los clientes, cuyo análisis estaba soportado en ingresos "poco estables" y con "una deficiente calidad y soporte documental de los datos económicos".
Ante la escalada de la morosidad y las exigencias del Banco de España, la entidad que presidía Miguel Blesa puso en marcha a finales de 2008 un plan de gestión de morosidad. El principal objetivo no es otro que salir del callejón en que se ha metido a golpe de refinanciaciones. El volumen que alcanzan éstas es de 5.175 millones a mediados de 2010, el 9% de la cartera total. "En el momento de la refinanciación, un 79% de las operaciones tenía algún impago, de las que unos 1.600 millones, un 31% del total, estaban clasificadas morosas", explica la carta.
Además de todo esto, Caja Madrid no actualizaba la tasación de las refinanciaciones, ni se podía seguir un rastro informático del crédito original.
Con las refinanciaciones, no sólo se ocultaba la mora, sino que contaminaba toda la cuenta, ya que se daban cantidades adicionales, con las que se apuntaban intereses que, en realidad no se habían cobrado. El Banco de España advirtió sobre esta práctica: "No se reconocerán en resultados los intereses impagados hasta que efectivamente no se cobren".
En Bancaja, además de todas estas prácticas, el supervisor señalaba que la inspección había constatado "la existencia de algunas operaciones de cobro problemático contabilizado como riesgo normal en las que era habitual refinanciación, con periodos de carencia, como la asunción de riesgo adicional".
La entidad valenciana subraya que la espiral creciente en la concesión de créditos le había llevado a depender en exceso de la financiación mayorista, lo que hacía que su estructura financiera fuera "inadecuada" y con un preocupante horizonte de vencimientos para 2012.
Las provisiones extra que debía hacer Bancaja ascendían a 694 millones, consecuencia de haber tenido que pasar a dudoso o substándar unos 4.800 millones en crédito hasta ese momento calificados como normales, más otros 195 millones por adjudicados.
Según el Banco de España, y tras haber realizado el equipo de Rato parte de los ajustes requeridos, el plan de integración permitiría a Caja Madrid asumir unos saneamientos de 3.613 millones, que absorbería las pérdidas esperadas de la cartera crediticia de 2.641 millones en dos años. Asimismo, en Bancaja, tras los ajustes por las inspecciones, se calculaban unas pérdidas esperadas de 3.249 millones.
Entidades
15 millones en sueldos irregulares
