El cerco judicial al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se va cerrando poco a poco. A la suma de irregularidades cometidas durante su mandato al frente de la entidad detectadas, tales como las tarjetas opacas o los créditos sin control, se unió ayer una más. El Frob anunció que ha remitido a la Fiscalía posibles hechos delictivos sobre los sueldos percibidos por Blesa y su equipo durante los ejercicios que van de 2007 a 2010. El fondo de rescate, apoyado en un informe forensic, indica que el perjuicio económico para la entidad alcanza los 14,8 millones.
El documento sostiene que se habría podido producir el cobro por parte de los altos directivos de Caja Madrid en esa época "percepciones excesivas" y, en algunos casos, sin que exista constancia del cumplimiento de los trámites necesarios, como su aprobación por parte del consejo de administración o la comisión de retribuciones.
Durante ese periodo de tiempo, Blesa se apoyó en su gestión en Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, Ricardo Morado, Enrique de la Torre y Juan Astorqui. Éstos formaban parte del comité de dirección, en el que también se encontraban Carmen Contreras, Ramón Martínez Vilches, Mariano Pérez Claver, Ramón Ferraz, Carlos María Martínez y Rafael Spottorno.
Posible fraude fiscal
La investigación apunta además a un posible fraude fiscal, al margen del detectado con el uso de las tarjetas opacas. El Frob relata en sus acusaciones que la cúpula de Caja Madrid sustituía la parte de las aportaciones al plan de pensiones que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria que, además, se elevaba al importe bruto, para que, una vez practicadas las retenciones, se evitara el impacto fiscal a sus perceptores.
Las irregularidades encontradas por el organismo público se limitan a cuatro prácticas concretas: los fondos de jubilación antes mencionados, por el que se repartieron 1,84 millones más de forma conjunta de lo debido; la retribución variable, que excede en 1,8 millones a lo supuestamente permitido; la subida del salario fijo en 2008, por el que el equipo directivo de Caja Madrid cobró 2 millones al margen de ley; y las indemnizaciones por despido o prejubilación, que han supuesto un perjuicio económico de 9,1 millones a la entidad durante ese ejercicio y los posteriores.
Hay que destacar que este último concepto se ve incrementado por el aumento tanto del salario fijo como del variable, porque se calcula en base a sus importes.
El documento remitido a la Fiscalía concluye que los miembros de la alta dirección que capitaneaba Blesa se aplicaron en 2008 un incremento de la remuneración fija "significativamente mayor que la debida", que en algunos casos llegaba al 26 por ciento, al tomar como referencia una masa salarial superior a la existente en ese momento. Esta subida se adoptó para un menor número de miembros de la alta dirección, indica el Frob.
En cuanto a la retribución variable, señala que se aprobó y se distribuyó con ausencia de la documentación que soportara los objetivos y el grado de cumplimiento de los mismo durante el periodo.
Según la información pública y en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia, Blesa percibió un total de 12,44 millones de euros desde 2007 hasta 2010. En este último ejercicio recibió una indemnización por distintos conceptos de 2,8 millones de euros. La prejubilación que disfruta su número tres en la entidad, Matías Amat, alcanza los 6,1 millones de euros, mientras que el secretario del consejo y uno de los hombres de confianza de Blesa, Enrique de la Torre, abandonó la caja con 4,77 millones en el bolsillo.
En cuanto a Ricardo Morado, que fue director de Sistemas y Operaciones, dejó la entidad con 1,8 millones de euros, mientras que la directora de Unidad de Obra Social, Carmen Contreras, ganó en ese tiempo cerca de 2 millones. Ésta, a diferencia de la mayor parte del equipo, permaneció en la caja hasta 2011, año en que sumó otros 1,83 millones de euros.
Como Contreras, el número dos de la caja madrileña, Ildefonso Sánchez Barcoj, siguió en la entidad en la era de Rodrigo Rato. Sin embargo, no pudo recibir una indemnización suculenta a su salida debido a las restricciones impuestas por el Gobierno sobre las retribuciones en los grupos financieros con ayudas públicas. Recibió 300.000 euros, tras una lucha con Bankia y el Frob durante meses.
Tarjetas opacas, al margen
Estas cantidades no son las únicas que sumaron gracias a Caja Madrid. Fueron receptores de grandes importes en las tarjetas opacas, que usaron de manera ilícita desde 2003 a 2012. Esta utilización ha llevado a Blesa a ver embargados todos sus bienes por responsabilidad civil subsidiaria, al no poder afrontar la fianza de 16 millones impuesta por el juez Fernando Andreu hace un par de meses.
Por el caso de las visas Rodrigo Rato depositó 3 millones en la Audiencia Nacional para hacer frente a su fianza, ya que durante su mandato también se dilapidó dinero tanto en Caja Madrid como en Bankia. En diez años, directivos y consejeros del grupo gastaron con las tarjetas black 15,5 millones.
Blesa, además, se enfrenta al caso de la emisión de las participaciones preferentes, por la que muchos clientes de la entidad han perdido parte de sus ahorros. Se encuentra imputado en la causa por la colocación de 3.000 millones en estos productos a través de la red de sucursales sin avisar de la situación patrimonial en la que se encontraba la caja. El banquero llegó a estar en dos ocasiones en la cárcel de manera preventiva por la adquisición de City National Bank en 2013.
La Policía investiga cuentas y sociedades
