La regulación de la fibra óptica que se vislumbra en España tiene todos los visos de hacer un flaco favor al desarrollo económico y tecnológico del país. Es una pena. A grandes rasgos, la futura normativa obligará a Telefónica a compartir sus infraestructuras de super banda ancha fija con sus competidores en la mayor parte de España. Eso significa que las reglas del juego de dislocan sobre la marcha.
De esa forma, el operador que más ha invertido en redes en los últimos años estaría cargado de argumentos para cambiar su actual estrategia y considerar una revisión a la baja de sus planes de despliegue de fibra óptica.
Podría reducir su apuesta por la fibra lejos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares y Badalona, municipios donde la compañía operará -más o menos- en libre competencia con el resto de sus rivales, sin cesiones de activos, servicios ni tarifas reguladas.
Un cambio de escenario también podría impactar en el empleo que genera Telefónica y provocar un frenazo en la contratación de instaladores, que en la actualidad mantiene ocupados a más de 10.000 trabajadores.
La consulta pública desvelada la semana pasada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre los mercados de la fibra óptica ha soliviantado especialmente a Telefónica, a pesar de que el operador ya se temía semejante desenlace desde hacía bastante tiempo. Por lo pronto, la multinacional lanzó días atrás un inquietante mensaje al indicar que semejante propuesta en absoluto "promueve un escenario inversor, lo que puede alterar los planes de despliegue de los operadores". Es decir, todo apunta a que el desarrollo de la fibra óptica en España tendrá dos velocidades. Una parte del país disfrutará de oferta generosa de conexiones de alta calidad, mientras que el resto se conformará con un ritmo de despliegue renqueante y mortecino. La culpa puede tenerla precisamente el organismo que debe equilibrar su empeño por preservar la sana competencia con la dinamización de las inversiones y el desarrollo de las redes de acceso de nueva generación.
Al margen de las posibles alegaciones, la reacción de Telefónica no se hará esperar. La compañía -que dispone dos meses para responder a la consulta pública- deberá analizar todas las consecuencias. Lo que parece claro es que el entusiasmo inversor del operador se desplomará en un entorno desfavorable para los intereses de la firma que en España dirige Luis Miguel Gilpérez.
Mayor brecha digital
Los analistas consultados apuntan que un eventual frenazo de Telefónica en la inversión de fibra en numerosas capitales de provincia podría acentuar la brecha digital que existe en España, con velocidades de conexión muy distintas en las grandes ciudades respecto al resto.
"En un primer análisis sorprende y preocupa que en el contexto de un mercado donde los operadores han anunciado importantes despliegues de redes de nueva generación, la resolución que se saca a consulta parece ir en sentido contrario", indicó la compañía nada más conocer el sentido de la futura normativa.
El pasado octubre, las altas en líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) superaban las 1,34 millones de conexiones, un 147,3 por ciento más que el año anterior, con más de 121.000 nuevas contrataciones de FTTH al mes. En septiembre de 2014, los accesos de fibra rondaban los 12,5 millones, una cifra parecida a los de cable HFC (con tecnología Docsis 3.0).
Según datos de la CNMC del tercer trimestre del año, las conexiones de banda ancha fija que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior ascendieron a 2,6 millones (ver gráfico adjunto), lo que supone un millón de líneas más que en el mismo mes de 2013. Por lo tanto, una de cada cinco líneas de banda ancha fija de España puede considerarse de alta velocidad, un porcentaje por ahora en línea con el resto de Europa.
Sin embargo, el dato correspondiente a las conexiones de 100 Mbps podría congelarse fatalmente en el futuro, dejando a España en un posición de desventaja respecto a sus vecinos europeos.
Tropiezo en Reino Unido
