En un informe remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, acusa a Deloitte, la firma que auditó las cuentas de Bankia en la salida a bolsa en julio de 2011, de haberse saltado la legislación española para eludir cualquier tipo de responsabilidad en la operación. Juan Iranzo sale del CES por el escándalo de las tarjetas "en B".
La auditora pactó con la entidad financiera una cláusula en el contrato por la que acordaron "mantener indemne a nuestra firma y a nuestro personal de cualquier responsabilidad y costes que puedan derivarse de los servicios contemplados".
Deloitte manifestó en las alegaciones presentadas que el contrato de auditoría es un contrato entre particulares, regido por el derecho privado y que no existe norma legal alguna que prohíba una cláusula de indemnidad como la que aquí se trata. Pero el ICAC asegura que es justo "todo lo contrario". Así, recuerda que el artículo 22 del TRLAC (Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas) deja claro que los auditores y las sociedades de auditoría responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones, según las reglas generales del Código Civil".
Es más, en ese mismo artículo se deja claro que "la responsabilidad civil será exigible en forma personal o individualizada, con la exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por terceros" y se establece que "el contenido general de los contratos o cartas de encargo ha de incluir un apartado relativo a información y responsabilidad.
El ICAC pone especial énfasis en el hecho además de que Deloitte no se limitó a auditar las cuentas de Bankia para la salida a bolsa, sino que contribuyó de forma decisiva en su elaboración. "De las circunstancias que se desprenden de las cláusulas contractuales y dadas las circunstancias temporales, resultaría obvio que los auditores tuvieron que estar colaborando estrechamente con la entidad auditada en la preparación de los estados financieros trimestrales (a 31 de marzo de 2011) para la salida a bolsa".
El Instituto de Contabilidad considera que no sólo este contrato, sino que en aplicación a los principios generales de la regulación "cabría considerar una amenaza a la independencia por la proporción de honorarios entre los distintos tipos de actividad" con Bankia.
En concreto, el informe destaca que el importe de los servicios distintos del de auditoría prestados al grupo por parte de Deloitte ascendería a un total de 2 millones de euros hasta el 17 de junio de 2011, fecha previa a la salida a bolsa, y 122.700 euros hasta el 28 de julio de este mismo año, una semana después del debut bursátil. Por tanto, los honorarios por servicios diferentes a la auditoría representarían el 65 por ciento del total en el primer periodo antes descrito, ya que la supervisión de cuentas supuso un coste para Bankia de 1,05 millones, mientras que en el segundo plazo conllevó el 18,21 por ciento de la facturación de Deloitte en la entidad entonces presidida por Rodrigo Rato.
Ante estas irregularidades, el ICAC ha propuesto una sanción de 12,5 millones de euros a la compañía consultora por una infracción grave. Deloitte se exponía, incluso, a la retirada de la licencia en nuestro país, aunque finalmente el regulador ha optado por una multa más suave.
La firma, que ya no audita las cuentas de Bankia -una labor que realiza ahora E&Y-, tampoco detectó durante más de diez años las irregularidades contables destapadas por una investigación interna sobre el uso de las tarjetas B por parte de la cúpula de la entidad bajo las etapas de Miguel Blesa y Rodrigo rato en la presidencia.
En el juicio que se instruye en la Audiencia Nacional, Deloitte ha acudido ya en calidad de testigo. En su declaración, su socio Francisco Celma defendió el trabajo de la firma y manifestó que advirtió a los responsables de Bankia de algunos riesgos tras la salida a bolsa.
Juan Iranzo sale del CES
