Varapalo para los 234 trabajadores que Coca-Cola Iberian Partners, el embotellador español de la empresa de refrescos, despidió en la planta de Fuenlabrada (Madrid).
A pesar de que la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE -la empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo-, el juzgado de lo social número 25 de Madrid ha rechazado su reincorporación a las instalaciones, tal y como habían solicitado los miembros del comité de empresa.
En distintos autos, a los que ha tenido acceso elEconomista, el juez manifiesta que "estamos ante un supuesto en el que se ha producido una ruptura del vínculo laboral, que no puede reactivarse de manera cautelar, máxime cuando el centro del trabajo del actor ha cerrado, quedando tan sólo los trabajadores precisos para llevar a cabo el cierre".
Todo ello, al margen de que, según recuerda el magistrado, "en el procedimiento de despido colectivo se ha dictado sentencia en instancia en menos de tres meses desde la presentación de la demanda, por lo que no se aprecia riesgo alguno de que la pretensión de tutela pierda su finalidad por la duración del procedimiento".
Para el juzgado de lo social, el cierre de la planta de Fuenlabrada no impide además la representatividad sindical ni pone en duda por lo tanto, la negociación con la empresa. "No estamos ante cuestiones (...) de importancia trascendental que afecte al interés general de los trabajadores y que puedan causar daños de imposible reparación", concluye de manera contundente el juez.
No obstante, como la Audiencia anuló el ERE, los trabajadores han presentado también un escrito en dicho tribunal pidiendo la ejecución provisional de la sentencia.
La reestructuración está pendiente ahora de la negociación que está llevando Manuel Pimentel, que ha sido contratado para tal fin por la empresa. En este sentido, la compañía ha ofrecido mejoras sensibles a la plantilla, con un aumento de las condiciones económicas de las recolocaciones, las bajas incentivadas y las prejubilaciones, además de la posibilidad de reducir los despidos en Madrid y reincorporar a parte de la plantilla en actividades logísticas.
Gana a Hacienda en los tribunales 
