La emergencia energética argentina y la anunciada salida en 2015 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner han incrementado la presión para cerrar un acuerdo con Repsol cuanto antes. El presidente de la petrolera española, Antonio Brufau, tiene prisa en cerrar con Argentina un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF y poder cobrar cuanto antes los 3.700 millones de euros pactados. Una decisión que no parece extraña a tenor del derrotero que está alcanzando la crisis energética en el país austral.
La situación es cada día más crítica. La errática política del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner se hace patente a diario con la falta de gasolinas o los más recientes apagones en Buenos Aires, de modo que el agujero para las cuentas del país puede alcanzar al cierre de 2013 los 10.000 millones de dólares, pese a contar con algunas de las mayores reservas petroleras.
Buenos Aires fue declarada el pasado sábado en situación de emergencia energética por la ola de calor tras casi una semana de constantes cortes en el suministro eléctrico. Las inversiones, en contra de la propaganda oficial, no llegan con fluidez al sector energético. El temor a ser víctimas de expropiaciones como la sufrida por Repsol hace que los operadores de eléctricas, gasistas y petroleras acometan con prudencia cualquier plan de crecimiento en el país y a esta situación se suma la congelación de tarifas que se viene arrastrando desde hace casi once años.
El Gobierno ha intentado recuperar la confianza de los inversores mediante el anuncio de un preacuerdo con la española y la intención de pago al resto de compañías con las que mantenía arbitrajes internacionales en el Ciadi, el organismo dependiente del Banco Mundial, pero la credibilidad se gana con el tiempo y la expectativa de un empeoramiento de la economía argentina hace que se mantengan las precauciones.
La capital, a oscuras
Buenos Aires, tras seis días prácticamente a oscuras, reclama a gritos en las calles y con hogueras una solución así como la dimisión de la presidenta. Esta grave situación ha provocado que los últimos amenazados con la expropiación sean ahora las eléctricas del país por culpa de los apagones que está sufriendo la capital.
La eléctrica italiana Enel, a través de su filial española Endesa, tiene una presencia importante y aunque ya ha vivido con anterioridad amenazas similares, siempre se han reconducido, pero la situación ahora es más grave.
Edenor y Edesur, las principales distribuidoras de electricidad, tienen cerca de 80 transformadores sin poder repararse por culpa de la falta de repuestos importados, lo que está provocando un profundo malestar en la ciudadanía.
Edesur, controlada por Endesa, pidió disculpas a sus clientes y aseguró que las tarifas en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana hacen muy difícil que se pueda prestar un servicio de calidad.
La situación, no obstante, parece que no afectará a las negociaciones la española Repsol. Prueba de ello, es el discurso oficial. El ministro de Planificación, Julio de Vido, habla con precisión de la eléctrica italiana de la que asegura que no tiene actitud ni presencia para resolver el problema y pidió a las compañías argentinas con acciones en las mismas que asuman su responsabilidad, concretamente, a los Grupos Caputo, Grupo Escasany y al Grupo Miguens Bernberg, Guillermo Reca y Guillermo Vázquez.
Sanción a las eléctricas
El Gobierno argentino tiene la intención de anunciar las sanciones a ambas empresas esta misma semana, pero tal y como indicó el propio De Vido, conforme se prorrogan los cortes se van agravando las sanciones a las que tendrá que hacer frente. El jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, fue más allá y confirmó que se están planteando la posibilidad de traspasar Edenor y Edesur a los gobiernos local de Mauricio Macri y provincial de Daniel Scioli, ambos en Buenos Aires.
Por su parte, Sergio Massa, del Frente Renovador, principal candidato opositor, aseguró que "los cortes son un sinónimo del fracaso" y añadió que el Gobierno deberá controlar a los concesionarios.
Mientras, a nivel interno, a la situación de crisis se suma la denuncia realizada por el diario La Nación de presuntos cobros por parte de la familia Kirchner mientras la presidenta pasa las vacaciones fuera de Buenos Aires.
Repsol urge a cobrar los 3.700 millones
