El Gobierno trabaja contrarreloj para no engordar el déficit con el rescate de as autopistas tóxicas. El Ministerio de Fomento defiende la constitución de una empresa pública de autopistas para rescatar a la decena de vías de pago que actualmente están en riesgo de quiebra, dado que "no tendría impacto en el déficit ni para el contribuyente", mientras que, por contra, la liquidación de las concesiones supondría un coste para el Estado de 4.800 millones de euros.
Así lo ha asegurado el secretario general de Infraestructuras de Fomento, Manuel Niño, quien ha avanzado que pronto se conocerá la solución definitiva para estas autopistas, dado que las negociaciones entre los Ministerios de Fomento y de Hacienda, las concesionarias de las autopistas y sus bancos acreedores están "suficientemente avanzadas".
En cualquier caso, el objetivo prioritario del Gobierno ante el rescate de las autopistas es "que el impacto en el bolsillo de los ciudadanos sea nulo y que el impacto en el déficit el menor posible", ha aseverado el alto cargo de Fomento en la Comisión de Fomento del Congreso.
El secretario general de Infraestructuras ha respondido a las preguntas los diputados Rafael Simancas (PSOE) y Ascensión de las Heras (Izquierda Plural), ambos de la Comunidad de Madrid, sobre las medidas del Gobierno para solucionar los problemas de las autopistas.
Coste de liquidación
En su respuesta, Niño ha indicado que una de las opciones sería liquidar las empresas concesionarias mediante un procedimiento negociado.
No obstante, ha señalado que ello supondría al Estado unos 4.800 millones de euros, más el coste de hacerse cargo de este servicio. Este importe deriva del hecho de que el Gobierno estaría obligado a incautarse de las fianzas de explotación, "si considera que hay defectos constructivos o falta de conservación", que suponen 128 millones de euros, y de las fianzas de construcción (180 millones de euros).
Además, habría que pagar unos 1.250 millones de euros de las expropiaciones que aún están pendientes, liquidar las inversiones ejecutadas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, y deducir la cuota de amortización acumulada en los años que lleve en funcionamiento cada carretera.
Ventajas de la sociedad pública
Por contra, el alto cargo de Fomento ha argumentado que la constitución de una empresa pública de autopistas como la que existía en los años ochenta presenta "algunas ventajas frente a los procesos complejos" de liquidación de las concesionarias.
Así, ha anunciado que no computaría en déficit, "que constituye una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno" y se "aseguraría la viabilidad del sistema con un coste nulo a medio plazo para la Administración General del Estado" y, por tanto, para los contribuyentes".
En virtud del modelo en el que actualmente se trabaja, las autopistas pasarán a formar parte de empresa participada mayoritariamente por el Estado, pero con participación de los actuales accionistas de las concesionarias.
No obstante, habría que "negociar la reestructuración de los créditos existentes, así como la apertura de líneas de financiación para el pago de las expropiaciones y de parte de las obras pendientes".
"En función del resultado de las negociaciones actuales y de la respuesta definitiva de concesionarias, accionistas y entidades financieras, se podría clarificar este escenario frente al de la liquidación de las sociedades", ha asegurado el secretario general de Infraestructuras.
"En todo caso, la creación de una empresa nacional de autopistas se haría para hacer viables las autopistas y que luego puedan volver al sector privado, el lugar natural donde tienen que estar las empresas concesionarias", ha añadido.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Niño ha recordado que el origen de los problemas de estas vías son fundamentalmente los sobrecostes de las expropiaciones de terrenos y la desviación de los tráficos respecto a los proyectados.
Respecto a las expropiaciones, ha detallado que sumaron un total de 2.300 millones frente a la estimación inicial de coste de 400 millones de euros, un encarecimiento que, a su juicio, se podría haber evitado si "el Gobierno socialista hubiera recurrido dichas decisiones".
En cuanto al número de usuarios, los tráficos reales de las vías han sido un 45% inferiores a los estimados, algo que Niño achaca a la crisis económica.
Finalmente, ha señalado que las medidas "tardías y claramente insuficientes" que puso en marcha el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando comenzaron los problemas en las autopistas (los préstamos participativos y las cuentas de compensación) no permitieron "resolver los problemas estructurales" de las vías, "que desde entonces han continuado empeorando. "Por lo que el Ministerio de Fomento ha decidido medidas que suponen una reforma estructural de todo el sector", ha remarcado.
Las dudas de Hacienda
