
Todo está listo para pulsar el botón de la puesta en marcha del proceso de privatización parcial de Aena, pero el tiempo se agota. Fuentes del Ejecutivo, conocedoras de la operación, aseguran a elEconomista que la salida a bolsa del gestor aeroportuario corre serio peligro si el Consejo de Ministros no la aprueba antes de que finalice el año con el objetivo de culminarla en la próxima primavera. Sobre el papel, el proceso de venta de hasta el 60% de Aena cuenta con el apoyo total de Fomento y el visto bueno de Industria, pero falta la decisión de Hacienda y la Oficina Económica del Gobierno.
Precisamente, los titulares de ambos organismos, Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal, fueron los grandes detractores en la oposición -sobre todo el primero- de la privatización parcial de Loterías marcado por el anterior Gobierno socialista, un proceso que guardaba grandes similitudes con la salida a bolsa de Aena, aunque el porcentaje de la OPV era sólo del 30%.
En esos momentos, tanto Montoro como Nadal defendían un proceso concesional y no la entrada de capital privado, como habían diseñado en el PSOE. "Nadie vende su casa por siete años de alquiler", llegó a decir Nadal.
También es curioso que en el otro gran intento de privatización fallido por el Ejecutivo de Zapatero, el PSOE presentó un proceso más cercano a la concesión, que entregaba más del 90% de los aeropuertos de Barajas y El Prat a operadores privados. La operación se retrasó tres meses en vísperas de las últimas elecciones y una vez que ganó el PP se canceló.
Además de las dudas que podría suscitar el actual modelo, desde el Ministerio de Hacienda se analiza detenidamente la operación porque se quieren tener bien claros los flecos de cómo se gestionarían los ingresos derivados de la entrada de capital privado. En teoría, irían íntegramente a reducir deuda, algo que ayudaría a suavizar las maltrechas arcas del Estado.
Pero existe otra razón por la que el Gobierno de Mariano Rajoy tarda en tomar una decisión: dar el pistoletazo de salida al estreno en bolsa puede ser utilizado por la oposición como un motivo para acusar al Ejecutivo de dejar en manos privadas el control de Aena. De hecho, nada más conocerse que la intención es dar entrada al capital privado hasta el 60% del accionariado del gestor aeroportuario, el portavoz de Fomento del grupo socialista, Rafael Simancas, calificó la operación como "privatización encubierta", una declaración que volvió a repetir ayer en el Congreso, aprovechando la comparecencia de la ministra de Fomento para explicar las cuentas de Aena para este ejercicio.
Pastor confirmó que el EBITDA para 2013 será superior a 1.500 millones de euros (fuentes del gestor aeroportuario lo sitúan alrededor de los 1.650 millones de euros) y que Aena ganará 308 millones de euros. También logrará una generación de caja de 600 millones de euros, una cifra que los inversores siguen de cerca y que será estratégica en los próximos meses para interpretar la política de dividendo de la compañía presidida por José Manuel Vargas una vez que salga a bolsa.
Decisión en manos del Gobierno
Un portavoz oficial de Aena, preguntado por el peligro de que la operación se frustre y se retrase hasta la próxima legislatura, no hace comentarios y recuerda que "la eventual decisión está en manos del Gobierno". Y uno de los grandes objetivos del Ejecutivo es mantener la fortaleza en red de Aena y evitar el cierre de aeropuertos.
La valoración del gestor aeroportuario podría alcanzar los 16.000 millones y si a esta cantidad se le restaran los 12.000 millones de deuda que actualmente tiene se generaría unas plusvalías de 4.000 millones de euros. Como el Gobierno sólo quiere privatizar el 60 por ciento, estas ganancias serían de 2.400 millones de euros.
Una cantidad que ya se quiere repartir antes de que se ingrese. El Conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, reclamó ayer que el Estado entregue a la Generalitat la parte que le corresponda de los ingresos que obtenga de la privatización de Aena, considerando el peso que tiene el Aeropuerto de Barcelona.
Por otro lado, la ministra de Fomento también aprovechó su presencia en el Congreso para anunciar que el AVE que unirá sin cambio de tren Barcelona y París se inaugurará el 15 de diciembre una vez que finalice la homologación.