La adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos de Madrid a tres compañías sanitarias, Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas, encontrará un nuevo escollo si finalmente, como todo hace indicar, el concurso debe volver a repetirse. Aparte de la demora -al menos un año- en iniciar de nuevo el proceso, las empresas deberían depositar esta vez un aval que, a todas luces, parece inviable por el tamaño de dichas compañías. Y es que la nueva cantidad exigida -280 millones entre las tres- representaría casi un tercio de su facturación anual.
Por ejemplo, Ribera Salud, con unos ingresos, en 2012, de 406 millones, debería aportar sólo como aval para presentarse al concurso, un total de 117 millones por los dos hospitales a los que aspira. En el mismo caso se encontraría el grupo puertorriqueño Hima San Pablo, que resultó adjudicatario de tres de los seis hospitales a concurso. En su caso, debería depositar un aval de 122 millones, cuando sus ingresos anuales no superan los 360 millones. Algo mejor en este caso lo tendría la división de hospitales de Sanitas, que el pasado ejercicio facturó una cantidad cercana a los 350 millones y tendría que hacer frente a una fianza de unos 40 millones de euros al optar sólo a la gestión de un hospital.
Hay que recordar que el último auto -del pasado 11 de septiembre- en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía de nuevo de manera cautelar la adjudicación, los jueces ponían todo el foco de su argumentación en el importe de dichas fianzas exigidas a las empresas que concurrían al concurso. El tribunal criticaba que la Consejería de Sanidad cambiara, a cuatro días de acabar la fecha de presentación de ofertas, las condiciones del aval que tenían que presentar las compañías. Y es que la cantidad a depositar pasó de ser del 5 por ciento del importe de adjudicación total del contrato -de diez años de duración-, a ser del 5 por ciento del contrato sólo del primer año. Es decir, de 280 a 28 millones. Diez veces menor cantidad que la exigida inicialmente.
Éste es el punto al que se agarraron tanto la asociación de médicos Afem -de reciente creación- como el Partido Socialista para intentar paralizar el concurso. En un auto anterior, este mismo Tribunal entendió que el PSOE no estaba legitimado para poder pedir la suspensión del concurso, pero ahora en el nuevo dictamen, sí entiende que la asociación de médicos puede ser una de las partes perjudicadas en el proceso, por lo que atiende su petición. Para el TSJM, este cambio en la cuantía de la fianza "podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva".
Por la ley de contratos
Y aquí es donde todo apunta a que la sentencia definitiva del Tribunal obligará a convocar de nuevo el proceso y volver a las condiciones iniciales de los pliegos en relación a esta fianza. El auto afirma que según la Ley de Contratos del Sector Público se establece que "con carácter general" los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas "deberán constituir (...) una garantía del 5 por ciento del importe de adjudicación, lo que coincide con la redacción inicial de la cláusula y no con su modificación".
Es cierto que el auto no entra a valorar el fondo del proceso "porque excede de su competencia". Sin embargo, fuentes del proceso consultadas por elEconomista Sanidad entienden que los jueces sí han puesto en duda las condiciones de los pliegos, por lo que lo más normal es que en la resolución definitiva pidan una corrección de los mismos y obliguen a repetir el concurso, apuntan.
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Hospitales de Madrid: Auto contra la privatización
