La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del tax lease entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros. Intereses españoles, intereses europeos
El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Joaquín Almunia, ha asegurado hoy que la devolución de las ayudas fiscales concedidas por España al sector naval no amenaza la supervivencia de los astilleros, ya que ésta depende de su potencial innovador y capacidad de atraer a clientes e inversores.
"Nuestra decisión de hoy se refiere exclusivamente a las ventajas fiscales ilegales concedidas en el pasado a algunos inversores. No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles. Lo repito una y otra vez", recalcó el comisario de Competencia en conferencia de prensa.
Lejos de las aspiraciones españolas
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial de Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos existentes".
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés similar al español.
Fururo del sector
El vicepresidente de la CE ha insistido hoy en que "el futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores"
El comisario español confió "plenamente" en que, gracias a ello, el sector naval pueda superar "con éxito y en el plazo de tiempo más corto posible las actuales dificultades".
Almunia ha recalcado que además existe un régimen fiscal no selectivo que debe y puede utilizarse para la financiación de construcción de buques que es plenamente compatible con las normas europeas y ofrece plena seguridad jurídica.
Además, la decisión de hoy no cuestiona el sistema tributario español en función del tonelaje, que solo debe beneficiar a las navieras, ha afirmado.
Por otra parte, los astilleros españoles "pueden continuar beneficiándose de ayudas concedidas en virtud de regímenes aprobados por la CE, como por ejemplo las ayudas a la innovación, las ayudas regionales, a la construcción naval y los créditos a las exportaciones", aseguró el vicepresidente de la CE.
"La Comisión garantiza que, sobre la base del respecto de las normas de ayudas al Estado, el control que estamos obligados a hacer de las mismas, no será en absoluto un obstáculo para ese futuro que deseamos brillante del sector naval español", ha indicado Almunia.
Subrayó que el sector naval español ha demostrado competitividad y capacidad de innovar y hay demanda entre empresas navieras y armadores que conocen bien la calidad de la industria española.
El sector se queja
Desde el sector astillero español consideraron insuficiente que la devolución de ayudas se aplicara sólo a los períodos entre los 2007 y 2011.
El comité de empresa de La Naval de Sestao ha afirmado que "seguirá en lucha" y no darán "ni un paso atrás" aunque de la devolución de las ayudas recaiga únicamente en los inversores y no en los astilleros y armadores.
"La decisión que se tome sobre el futuro de los astilleros no debe de ser otra que el cierre del expediente sin devolución tal y como se hizo en el pasado al expediente abierto a Francia", ha afirmado.