El decreto de ingreso en prisión bajo fianza de Miguel Blesa supone un hito en el desarrollo de la crisis financiera y el primero desde la entrada de Mario Conde por el caso Banesto. Desde entonces, en nuestro país, a diferencia de otros como Reino Unido o Islandia, ningún banquero ha sido condenado a la cárcel, aunque sea de manera provisional por riesgo de fuga, por su gestión al frente de una entidad que ha tenido que ser rescatada con cuantiosas ayudas.
La medida adoptada por el juez Elpidio José Silva puede ser un ejemplo a seguir por otros magistrados para otros consejeros y ejecutivos del sector financiero español, que ha tenido que recibir unos 115.000 millones de euros de las arcas públicas y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para sobrevivir.
Los tribunales investigan a día de hoy a cerca de un centenar de banqueros (90) por su responsabilidad al frente de las antiguas cajas de ahorros por diversos motivos. Las denuncias admitidas a trámite por la Audiencia Nacional y distintos juzgados españoles responden a la venta de acciones y preferentes; reparto de indemnizaciones millonarias y créditos ventajosos; y ocultación de agujeros patrimoniales por el riesgo asumido a través de artimañas contables.
Las querellas afectan a más de una trientena de exconsejeros de Bankia más de una decena de Banco de Valencia, Caja Navarra, entre cuatro y seis de la CAM, Caixa Penedés, Novagalicia y Catalunya Caixa, además de directivos de CajaSegovia, Caja Ávila y CCM.
Uno de los casos más adelantados es el de Caixa Penedés, en el que la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado entre 3 y 3,5 años de cárcel para los cuatro máximos responsables de la entidad catalana por los delitos de apropiación indebida y delito societario continuado. A Ricard Pagés, Manuel Troyano, Santiago Albella y Joan Caellas se distribuyeron 31 millones de euros en pensiones antes de dejar el cargo como consecuencia de la integración de la caja en el grupo BMN.
Fianzas millonarias
El desfile de banqueros por los juzgados ha ido en aumento en los últimos años, al igual que las fianzas que han tenido que desembolsar para evitar el embargo de sus bienes por las millonarias indemnizaciones cobradas. Cinco directivos de la CAM, con el ex director general, Roberto López Abad, a la cabeza, tuvieron que depositar 25,8 millones de euros por los 14 millones que llevaron en concepto de jubilación y blindajes.
Además, el juez Gómez Bermúdez toma declaración a una treintena de exgestores de la caja alicantina por los créditos concedidos al presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés.
Los antiguos responsables de Caixanova y Caixa Galicia -hoy Novagalicia- tuvieron que hacer frente a un aval de 10 millones de euros por las prejubilaciones percibidas por la cúpula, que superan los 40 millones a pesar de la situación de bilidad en la que se encontraba el grupo. Además, se investiga la venta de preferentes a clientes particulares, entre los que se encontraban personas analfabetas.
Las indemnizaciones también son objeto de la querella contra los máximos dirigentes de CatalunyaCaixa, entre ellos su expresidente, Narcís Serra, y sus sucesores, Adolf Todó y Jaume Masana, que fueron destituidos la semana pasada por el Gobierno.
Pero, por encima de todos los casos, el que más revuelo social y mediático está generando es el de Bankia. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha imputado a más de una treintena de ex consejeros del grupo nacionalizado. Destaca la acusación contra el exministro y ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, por cinco delitos. La investigación ha llevado no sólo a los antiguos responsables del Banco de España y la CNMV a declarar como testigos, sino también al propio ministro de Economía, Luis de Guindos, y los principales banqueros del país.
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