El Banco de España ha cumplido con el requerimiento de Bruselas al redactar un informe llamado "análisis de los procedimientos supervisores del Banco de España y recomendaciones de reforma". Un informe que no tiene fecha para aplicarse y que, de hacerlo, además, no subsanaría las deficiencias detectadas en su día en el proceso inspector ni por el Tribunal de Cuentas ni por el FMI y que tampoco da respuesta a las principales reclamaciones de un cada vez más desencantado cuerpo de inspectores.
Según fuentes financieras, difícilmente el citado informe hubiera sido publicado por el supervisor, aunque con cuatro meses de retraso respecto a su elaboración, sino fuera por la amplia difusión de un prematuro análisis de la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito y Ahorro, en la que mostraba su opinión sobre la inspección y que fue remitido a la comisión interna encargada de elaborar las recomendaciones.
En este documento, la Asociación se quejaba, por enésima vez, entre otras cosas de los numerosos filtros que hay entre el informe de los inspectores y la Comisión Ejecutiva del banco y reivindica que, para que cada uno asuma su responsabilidad, los informes que hacen los inspectores deben ser firmados.
A pesar de que la opinión de los inspectores no es nueva, sí lo es la manera en que ésta se difunde. Si en anteriores ocasiones los comunicados de la asociación querían hacer llegar su oposición a la actuación de la cúpula o hacer pública una advertencia general sobre los riesgos de las entidades, esta vez se produce en un contexto de colaboración con la dirección del banco, ya que la opinión fue requerida para incorporarla a las otras consultas externas.
En juego el rescate
Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso aseguran que ésta no fue la primera intención al formarse la comisión que debía elaborar el análisis de la inspección.
Ésta se forma para cumplir con la medida 14 exigida por el MoU para acceder al rescate bancario. En ella se pide no una modificación, sino "realizar un análisis interno de los procesos de supervisión y adopción de decisiones. Proponer cambios en los procedimientos a fin de garantizar una adopción oportuna de acciones correctivas para abordar en fase temprana los problemas detectados por los equipos de inspección in situ".
Se decide que la comisión interna esté dirigida por un miembro de la comisión ejecutiva del banco, Ángel Luis López Roa, y que haya, entre otras personas, también cuatro miembros de la dirección general de supervisión, al frente de la cual estaba aún Jerónimo Martínez Tello y que designa a tres personas. Nadie piensa en ese momento en incluir a los inspectores o a su asociación, pese a las tensas relaciones de los últimos años y el hecho de que son ellos los que materialmente realizan el primer seguimiento de las entidades.
Sin embargo, aseguran estas fuentes, el subgobernador, Fernando Restoy, sí que es partidario de incluir a la asociación en el proceso de todo este trabajo y así lo sugiere. El subgobernador, consciente del generalizado descontento existente de los técnicos, ha mantenido alguna reunión con los inspectores a fin de mejorar las relaciones entre éstos y la cúpula.
Una vez incluida la asociación, como una fuente externa de opinión, al igual que el Banco de Francia o el de Holanda, se pide que formule unos puntos que recoja su opinión sobre la inspección y la forma en que podría mejorarse.
Una colaboración precipitada
Con prisas, al ser cercana la fecha en que se debe tener concluido el trabajo para remitirlo a las autoridades europeas, la Asociación elabora un documento, casi un esquemático borrador, en el que enuncia en 30 puntos su opinión. No se incluye entre ellos, curiosamente, la detección de actuaciones en las entidades que pudieran ser constitutivas de delito, ni el papel que deben desempeñar los inspectores si tienen sospechas de la existencia de éstas.
A pesar de esta ausencia, entre este colectivo sí es una de sus preocupaciones más recientes. En un sistema donde aún no hay un procedimiento escrito de inspección, a pesar de que el Tribunal de Cuentas ya lo reclamó en el año 2007, que regule las funciones del inspector y en la que no se deja constancia de quién realiza el informe, ya que no se firman por los inspectores, consideran fundamental delimitar qué deben hacer, qué procedimiento seguir y qué responsabilidades asumen. Más en un momento donde se empieza a judicializar las actuaciones de los gestores de los bancos fallidos o nacionalizados y se cuestiona el papel y la responsabilidad del supervisor en el desastroso deterioro de las entidades.
Respecto al informe de la comisión interna, la propuesta más destacada sería la de extender a más entidades las inspecciones 'in situ' (siempre que haya más efectivos para hacerlas), a pesar de que desde 2009 se han impulsado las inspecciones continuadas, realizadas a partir de los datos que proporciona la entidad inspeccionada y no la obtenida por los técnicos.
Nada se dice el documento de incluir la firma del autor del informe de inspección, ni de que éste, y no sólo la existencia de discrepancia, llegue a la comisión ejecutiva. También calla sobre la elaboración de una verdadera norma escrita sobre la inspección.
Tres avances
Habla, eso sí, de tres avances recientes. En primer lugar, la circular de 26 de octubre de 2011. Fue la primera norma escrita sobre inspección, aunque no regula ni el acceso, ni funciones y se limita poco más que a un esquema de trabajo. Afirma que desde su aprobación no ha habido discrepancias entre inspectores y superiores, algo que los primeros niegan.
En segundo lugar, se refiere al Pilar 2 de Basilea II, una norma para "asegurar que los bancos están adecuadamente gobernados y tienen unos sistemas de gestión y control de riesgos suficientes". Si la realidad no fuera suficiente para poner en entredicho este avance, la propia comisión admite que la crisis ha impedido que su implantación "se haya completado, debido a que se trata de una herramienta supervisora de prevención de crisis más que de solución de las mismas".
Por último, se refiere a la implantación del seguimiento continuado 'in situ' a entidades medianas. Constata que no está libre de riesgos y que para su aplicación se necesitan más efectivos humanos.
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