La ruptura territorial del recibo eléctrico comenzará en quince días. Cada comunidad autónoma tendrá un precio de la luz diferente en función de si la región aplica tributos a las instalaciones de generación, y éstos han proliferado considerablemente en los últimos años. La medida no es baladí y se hará notar en el bolsillo del consumidor, puesto que el Ministerio de Industria prevé recaudar 200 millones de euros al año.
Así consta en la memoria económica de la orden de tarifas para enero de 2013, a la que tuvo acceso elEconomista, que aplica un recargo adicional para comunidades como Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, principalmente.
Industria regula así este suplemento que ya está previsto incluso en el artículo 17 de la Ley del Sector Eléctrico para que los impuestos sean soportados por los consumidores de cada región y que han ido aprobando los gobiernos autonómicos para autofinanciarse. La polémica está servida porque el Constitucional ya ha admitido un recurso contra la posibilidad de que haya precios diferentes en España.
Éste no va a ser el único cambio para el recibo a partir del próximo año, ya que el Gobierno también quiere concienciar sobre el ahorro energético. Por ello, la orden de tarifas a partir de enero de 2013 recoge un impuesto progresivo sobre el consumo para sancionar el derroche eléctrico.
El Ejecutivo justifica esta medida en la necesidad de establecer un consumo responsable, aunque reseña que la penalización "no será importante", algo que se contradice con la importante cifra que prevé recaudar con esta medida y que asciende a 280 millones anuales.
Según el apartado donde se regula esta penalización, los usuarios con consumos superiores a la medida serán los más penalizados por los nuevos recargos, en los que el precio del kilovatio hora puede multiplicarse hasta por ocho. Por su parte, para la mayoría de consumos domésticos, esto es para potencias de hasta 7 kilovatios, pueden pasar de pagar 0,00138 euros por kilovatio hora, en caso de los menores consumos, a un 700% más en el tramo de mayor consumo.
Las cuentas no salen
Por otro lado, las erróneas previsiones de la Comisión Nacional de la Energía en cuanto a los costes eléctricos han tenido sus consecuencias. Al Ministerio de Industria no le salen las cuentas para cumplir con el tope legal del déficit de tarifa y, por primera vez, ha reconocido un agujero de casi 3.500 millones de euros para este año, con lo que se sobrepasará ampliamente el tope legal de 1.500 millones.
En concreto, la orden cifra en 1.951 millones de euros el déficit de exceso. Industria explica que este desfase es consecuencia de que las primas al régimen especial han registrado valores "superiores a lo esperado".
Otro problema fundamental es que Industria mantiene en suspenso el decreto que obliga a pasar a los Presupuestos los costes de las extrapeninsulares y obvia 1.200 millones del coste de generar en las islas que tampoco están recogidos en las cuentas públicas.
Para más inri, el Gobierno ha devuelto a la tarifa 256 millones de extrapeninsulares que ya habían sido extrapolados a los Presupuestos, lo que también ha influido para trastocar las previsiones junto con la importante caída de la demanda.
Con todo, el Gobierno cifra en 1.622 millones el coste de generar en las islas, pero sólo carga en el recibo 404,5 millones porque "se ha considerado que para el 2012 el 75% de la compensación de las extrapeninsulares serán asumidos por los Presupuestos". Huelga decir que este movimiento no se ha realizado.
Previsiblemente, el Ejecutivo incluirá estas partidas en los Presupuestos para 2014, aunque contablemente existirá un agujero por cubrir hasta que se cierren las próximas cuentas públicas. La otra opción posible es subir el tramo regulado a lo largo del próximo año, algo a lo que por el momento se opone el Ejecutivo al haber aprobado una congelación de los peajes para el próximo trimestre.
Además, con la congelación de peajes materializada, el Gobierno se está enfrentando al Tribunal Supremo que ha sentado jurisprudencia sobre la obligatoriedad de que las tarifas cubran los costes del sistema. Con todo, estas maniobras del Gobierno darán pie a las eléctricas para desplegar una artillería legal y solicitar que suban las tarifas, con el fin de acabar cuanto antes de financiar el agujero eléctrico.
Otro gasto extraordinario que ha cargado el Gobierno en 2012 es la financiación del bono social y exime a las eléctricas de financiar esta tarifa protegida tal como ordenó el Supremo a principios de año.
En fin del déficit en un año
Por contra, el Gobierno sí prevé cumplir con las previsiones del déficit para el próximo año y que éste ascienda a cero gracias a la reforma energética y a la puesta en marcha de otros mecanismos para recaudar ingresos.
Según la orden, el déficit del próximo será de 5.716,7 millones de euros en 2013, pero Industria conseguirá recaudar exactamente la misma cantidad principalmente con los nuevos gravámenes de la reforma.
También sorprende una partida de 2.270 millones que prevé el Ejecutivo de ingresos extraordinarios, aunque no especifica de dónde provienen. Previsiblemente, esta cantidad corresponde a la partida de la financiación del déficit de tarifa que anunció el Ejecutivo que asumiría tras anunciar el hachazo a las eléctricas. Sin embargo, esta cantidad tampoco está en los Presupuestos, aunque el Gobierno indicó a Goldman Sachs que quiere hacer emisiones del déficit eléctrico como si se tratara de deuda pública.
El Gobierno sancionará el derroche eléctrico