El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno aprecia indicios de "criminalidad suficiente" en la actuación de los cuatro exdirectivos que, en cooperación necesaria con el excopresidente de NCG Julio Fernández Gayoso acordaron mejorar sus contratos "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad".
En consecuencia, ha impuesto fianzas de hasta 10 millones de euros para que puedan hacer frente a las eventuales responsabilidades civiles en que pudieran incurrir en la causa que investiga la su posible responsabilidad penal por las prejubilaciones millonarias que recibieron.
Según el auto hecho público este martes, se imponen 7,02 millones al que fuera director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1,21 millones a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1,92 millones al exdirector general de la caja única, José Luis Pego.
Por su parte Julio Fernández Gayoso, el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia ha sido declarado por el juez como responsable civil solidario. Gayoso deberá aportar lo que no cubra el resto.
Todos ellos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida.
Los imputados deberán abonar las fianzas en un plazo de 24 horas desde que reciban el auto dictado hoy por Moreno. "De no constituirse las fianzas, se procederá al embargo de bienes de su propiedad", advierte el magistrado de la Audiencia Nacional en su resolución.
Riesgo de insolvencia
Moreno explica que es necesaria la imposición de la fianza porque "los imputados conservan tanto su capacidad de actuar, como la libre disposición de sus bienes, con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial". Subraya en este sentido que existe un "riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo".
El auto asegura que "existen indicios racionales de criminalidad a tenor del contenido y de la documentación e informes periciales obrantes en la causa".
El juez de la Audiencia Nacional reitera, además, que los exdirectivos, "con ocasión del acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección, con menoscabo del patrimonio de la entidad, percibiendo en definitiva elevadas sumas de dinero con ocasión del cese de sus actividades". Todo ello se produjo "con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad".
Rescate público
La denuncia presentada por Anticorrupción señala que, a partir del 11 de mayo de 2010, con motivo del acuerdo de fusión entre CaixaGalicia y Caixanova y de la petición de un primer apoyo financiero al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe de 1.162 millones de euros, los directivos de Caixanova José Luis Pego Alonso, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán Laza, "para preparar su previsible y futura salida de la entidad bancaria, acordaron mejorar sus contratos de Alta dirección".
Esta decisión la adoptaron "ocultando las mejoras al Consejo de Administración, para lo cual contaron con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, en menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria que administraban".
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