La pionera sentencia judicial que condena a Novagalicia Banco a devolver a un cliente los 7.560 euros que invirtió en participaciones preferentes abre la puerta de la esperanza de miles de pequeños ahorradores que han visto cómo su capital quedaba atrapado en una presunta mala praxis de ciertas entidades financieras. Se preparan demandas colectivas, mientras que las asociaciones de perjudicados siguen demandando soluciones políticas a esta situación.
El cliente que ganó el pleito a Novagalicia Banco (NGB) dice que de saber el riesgo "no habría puesto un duro". José Luis Castro Méndez recuperará, por sentencia condenatoria del Juzgado número 1 de Cambados, los 7.560 euros que invirtió en participaciones preferentes y ha declarado que, de saber el riesgo que comportaba este producto, "no habría puesto un duro".
Castro Méndez, de profesión dependiente de almacén y de 54 años, ha relatado que cuando adquirió las preferentes en la oficina de Dena, Meaño (Pontevedra), de la que es cliente desde hace más de tres décadas, ni se le "pasaba por la cabeza" que le fueran a "engañar", pues confiaba en su director de igual forma que en su "médico de cabecera".
Ha agregado que fue él quien pidió que le abrieran una cuenta a plazo fijo para ahorrarse gastos de mantenimiento y no por obtener "altos intereses", a seis meses o un año como máximo, porque quería tener disponibilidad de su dinero si surgía "una urgencia".
En Caixanova -una de las cajas cuya fusión dio lugar a Novagalicia Banco- le ofrecieron las preferentes garantizándole, incluso por escrito, que tendría "disponibilidad inmediata" de los 10.000 euros que invirtió, y sin comentarle "nada de plazos" de más de 50 años, ya que a su edad "difícilmente llegaría" a cumplirlos.
"Si me llegan a aportar toda la información, lógicamente no dejo un duro" en las preferentes, ha aseverado Castro Méndez, quien firmó "tantos papeles" que le "pusieron delante" y que no leyó porque "confiaba en esta gente".
Apenas seis meses después de contratar este producto, pudo retirar 2.400 euros para comprar un coche, para lo que fue necesaria una supuesta orden de venta que, según afirma este cliente, él no firmó.
Cuando en 2011 quiso retirar los 7.560 euros restantes, porque los necesitaba para realizar unas obras en su casa, le dijeron que "debido a la situación del mercado" no se podían amortizar esas participaciones y, a cambio, le ofrecieron un crédito, que éste rechazó y optó por recurrir a la vía judicial.
Castro Méndez espera que una vez que la justicia le ha dado la razón "acabe la agonía de una vez por todas", tras "muchas noches sin poder dormir", y que Novagalicia Banco "no recurra -la sentencia ante la Audiencia Provincial de Pontevedra- ni ande dándole vueltas al asunto".
La vía a seguir
Confía en que su caso abra una vía para que la totalidad de los afectados por las preferentes de la entidad gallega, unos 43.000, recuperen todo su dinero, pues está seguro de que "la mayoría fueron engañados y abusaron de su buena fe, como a mí".
Sobre las disculpas públicas de esta semana de los máximos dirigentes de Novagalicia Banco, José María Castellano y César González-Bueno, por prácticas del pasado, indica que no le "valen", porque "es como si mi médico intenta envenenarme y luego me pide que le perdone", puso como ejemplo.
El argumento principal de la sentencia condenatoria a Novagalicia Banco para declarar nulo el contrato "por error del consentimiento" es que la entidad aportó a este cliente una información "inadecuada, falsa e insuficiente" en el momento de adquirir un producto cuyo "alto riesgo" y falta de liquidez no le fueron comunicados.
La juez que firma la sentencia sostiene que José Luis Castro Méndez "carece por completo de conocimientos mínimos" en materia financiera.
Novagalicia Banco argumentó que este cliente había superado el denominado "test de conveniencia", pero la juez califica este trámite de "mero test de cinco preguntas estereotipadas" que no acreditan que fuera realmente consciente del tipo de producto que estaba adquiriendo.
Lucha en los juzgados
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) ha mostrado este domingo su "satisfacción" por la sentencia dictada por el juzgado número uno de Cambados (Pontevedra) y ha animado a los afectados por estas operaciones a seguir reclamando para recuperar su dinero.
En este sentido, UCE-A califica como un "primer paso muy importante para el reconocimiento de los intereses económicos de los consumidores afectados" esta sentencia, que, aunque no sea firme, "plantea cuestiones muy claras en cuanto a la nulidad de los contratos suscritos".
Al hilo de ello, la asociación, que ha recordado que está atendiendo las reclamaciones de "cientos" de afectados en Andalucía, ha aprovechado para ponerse "a disposición" de los afectados para lograr resoluciones similares a la citada, a quienes, de esta manera, anima a ponerse en contacto con sus diferentes oficinas provinciales para ser atendidos por sus correspondientes gabinetes jurídicos.
Por otra parte, la Asociación para la Defensa de los Perjudicados por Entidades Financieras, creada recientemente, será la primera en interponer una demanda colectiva contra Bankia y su consejo de administración por daños y perjuicios y para hacerlo cuenta con el respaldo de seis despachos de abogados de diferentes puntos de Cataluña.
En estos momentos los despachos de Tram Advocats i Assesors de Girona, Garcia Borras Advocats i Assesors de Olot, Cudós Consultores de Lleida y Legalcat Barcelona, I.P.Legales de Barcelona y el de la misma sede de la asociación -situada en la calle París número 50 de la capital catalana- están trabajando para verificar toda la información que los accionistas minoritarios de Bankia les están presentando.
En una semana, han recibido más de un millar de llamadas de familias afectadas por la venta de acciones de Bankia, pero también por el caso de las participaciones preferentes, la deuda subordinada y swaps, de las demás entidades financieras, según ha explicado Jordi Calvet, de Tram Advocats, a Europa Press.
Tienen previsto tener lista la demanda contra Bankia en septiembre y conforme recojan información de las otras entidades bancarias, irán presentado demandas.
Víctimas de las preferentes
Se calcula que más de un millón de familias se han visto afectadas, desde 1999 y hasta 2011, por una práctica irregular que ha facturado cerca de 30.000 millones para algunos bancos y cajas españoles.
La ausencia de cualificación y la falta de información son frecuentes entre las víctimas de las "preferentes", un producto de inversión bancaria legal pero destinado a clientes muy cualificados e informados, con capacidad para calibrar su alto riesgo que algunos bancos y cajas "colocaron" a clientes habituales que confiaban en ellos.
Primera sentencia contra las preferentes
