
La familia tiene todo su patrimonio embargado por la Audiencia Nacional, que la investiga por presunto fraude. Sin embargo, a través de tres sociedades pantalla estarían tratando de resucitar su imperio.
La Rumasa original fue expropiada por el Gobierno en 1983, la segunda, vendida al liquidador Ángel Cabo, la tercera, según publica El Mundo, estaría tratando de gestarse mediante Fideliza, Sumarsan e Inerzia, sociedades pantalla con las que eludirían el embargo judicial.
Los Ruiz-Mateos desmienten esta información: "Nosotros, como tal, no participamos". Pero Pablo Ruiz-Mateos, hijo del patriarca jerezano, confirma que se "involucran de lleno en el seguimiento del servicio, garantizando el resultado del trabajo".