Tanto el Gobierno como Bruselas esperan el informe sobre los bancos españoles de las auditoras independientes como agua de mayo. A partir de las cifras que presenten se pondrán manos a la obra para definir el plan de ayudas. Roland Berger y Oliver Wyman tienen como tope el 21 de junio, pero podría haber ya un cálculo sobre la mesa: 60.000 millones de euros.
Así se indica en un informe preliminar que ya está a disposición del Ministerio de Economía, según informa hoy el diario ABC, que ha tenido acceso a dicho documento. La cantidad podría aumentar hasta los 65.000 millones de euros si se somete a las entidades a examen en el escenario más adverso, añade el análisis, lo que dista del importe máximo ofrecido por Bruselas al Gobierno para sanear el sector financiero, 100.000 millones de euros.
En este sentido, fuentes conocedoras han asegurado a Reuters que el Gobierno tendrá el lunes una cifra concreta de las necesidades de la banca española procedente de los análisis de dos consultores independientes para encarar la reunión del G-20 con toda la información.
"El lunes el Gobierno ya tendrá la cifra global de las necesidades del sistema financiero español de los auditores. Quieren acudir a la cumbre del G-20 ya con esa información", dijo una fuente que participa en el proceso.
El 66%
El rotativo recuerda que la evaluación de estas dos consultoras se realiza de forma conjunta, por lo que no desgranará las necesidades banco por banco. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso revelan que, de este total, tres entidades acapararán el 66% del total.
Así, Bankia solicitará los 19.000 millones de euros que ya han sido comunicados, mientras que Novagalicia Banco y Catalunya Caixa pedirán 10.000 millones cada una. Otras cinco entidades, como mínimo, absorberían los fondos restantes, mientras que Santander, BBVA, La Caixa, Kuktxabank y Bankinter se librarían del rescate.
Este punto es el que se encargarán de detallar las cuatro auditoras que tomarán el relevo a Oliver Wyman y Roland Berger. KPMG , PwC, E&Y y Deloitte tienen hasta el 31 de julio para enviar al Ejecutivo su análisis de las carteras crediticias de las entidades españolas y establecerán las necesidades adicionales banco por banco.
Además, falta por ver si finalmente se procederá al cierre de alguna entidad, tal y como se avanzaba ayer desde Bruselas. Todo apunta a que la Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.
Antes, el Gobierno se había mostrado confiado en que no iba a ser necesario dar este paso secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, señaló que "no es una hipótesis probable", aunque el Comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, indicó que "ve" al menos uno de los bancos intervenidos encaminándose hacia la liquidación y hacía alusión a NCG Banco, Catalunya Caixa y Banco de Valencia.
En todo caso, ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia. Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5%, frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea. El objetivo de este tipo tan elevado es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.
A vueltas con los detalles del rescate