El Gobierno ha recuperado los blindajes empresariales para las compañías cotizadas. El pleno del Senado aprobó ayer con 246 votos, de los 264 posibles, el proyecto de ley por el que se permite introducir salvaguardas en los estatutos al tiempo que se protege a los accionistas de empresas expropiadas de Ofertas de Adquisición hostiles. A través de una disposición adicional, se permite limitar los derechos de voto con la excepción de que los accionistas hayan alcanzado un 70% o más del capital tras lanzar una opa.
Esta medida supone en la práctica el blindaje de empresas como Repsol, Red Eléctrica, Telefónica e Iberdrola. Este último caso es quizás el más significativo, ya que la batalla empresarial entre su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y el de ACS, Florentino Pérez, se prolonga ya durante más de cinco años y las espadas siguen en alto.
La enmienda energética llega antes de la junta de Iberdrola del próximo 22 de junio, y supone un golpe mortal a la enmienda del ladrillo apadrinada por Florentino Pérez, lo que abre la puerta a una salida ordenada del capital, sin poner en peligro los intereses de los minoritarios y sin permitir que haya diferentes precios.
¿Ventas en julio?
UBS, banco que participa en la financiación de la constructora, aseguraba ya la semana pasada -antes de que se conociera la enmienda energética- que la constructora podría iniciar una nueva reducción de su participación en Iberdrola una vez se supere el período de permanencia pactado tras la venta anterior y que expira a mediados de julio. Esto, junto con la participación del 5% en manos de Bankia, constituyen -en opinión de la entidad financiera- un riesgo significativo para la eléctrica, ya que podrían acumularse las ventas, pero ayer la bolsa premió la medida con subidas del 2,99%.
La opción de que Bankia venda parece algo más alejada, ya que su matriz Banco Financiero Ahorros no ha hecho el ajuste de valor al precio de mercado de su participación en la eléctrica y, por lo tanto, sigue teniendo minusvalías. Además, la entidad financiera que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene en Iberdrola uno de sus principales flujos de entrada de caja, pero las necesidades de capital pueden llevar a la entidad a anunciar esta venta en el plan que está preparando la entidad para sus participadas y que se prevé que se anuncie a mediados de este mismo mes de junio.
La reposición de los blindajes se ha logrado después de que las grandes empresas del país hayan mostrado su respaldo a las reformas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Aemec, la asociación de accionistas minoritarios, aplaudió también la decisión del Gobierno, ya que, en su opinión, potencia el papel de los minoritarios frente a "oligarquías de accionistas". La "prohibición" a las empresas cotizadas de limitar los derechos de voto se produjo "en una coyuntura muy concreta", mientras que la libertad que ahora se les da "se adopta en beneficio de todos los accionistas de todas las sociedades".
El movimiento se produce justo después de la incorporación del exministro Ángel Acebes, y del marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al consejo de Iberdrola y de la filial de Ingeniería, respectivamente, y del ascenso de Nemesio Fernández Cuesta, exsecretario de Estado de Energía con el PP, como número dos de Repsol.
En julio de 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó los blindajes por el ascendiente que mantenían Florentino Pérez y Luis del Rivero sobre su Oficina Económica, pero la medida fue recurrida por un defecto de forma por parte de Iberdrola, lo que les ha permitido seguir manteniendo en su junta la limitación de los derechos de voto.
El PSOE, ahora a favor
El PSOE, CiU, Entesa y PNV votaron ayer a favor de dichas enmiendas, pero también mostraron su malestar al considerar que se han tramitado y aprobado fuera de plazo. De hecho, el pasado lunes no se podían encontrar los textos de las mismas en la página web del Senado, algo que el grupo popular achaca a un problema técnico.
Los grupos parlamentarios de la oposición censuraron la calidad legislativa ya que el contenido de dichas enmiendas no tiene relación con el proyecto de ley, una incongruencia denunciada por el Tribunal Constitucional.
El secretario general de los socialistas, José Miguel Camacho, calificó de "cacicada" la actuación de los 'populares', pero su portavoz, Luis Rogelio Rodríguez, defendió que "hubo un problema técnico" y las enmiendas no quedaron registradas, sólo el escrito general de presentación. "No ha habido ni mala fe ni deseo de ocultación en ningún momento", subrayó a Europa Press.
Desde la oposición, sin embargo, le recriminaron que no avisara al resto de grupos parlamentarios el lunes por la mañana, cuando asegura que se dieron cuenta del fallo.
Protección antiopa para empresas expropiadas