Los planes de las entidades chocan de frente con los deseos del Gobierno. Éste ha implantado una reforma del sector financiero que endurece las provisiones para tapar el agujero inmobiliario, pero que no les obliga a poner en marcha un nuevo proceso de fusiones como pretende el Ministerio de Economía.
Ningún banco ni grupo de cajas tiene intención, por ahora, de echarse en brazos de otros y todos han declarado que son capaces de cubrir por sus propios medios con las nuevas exigencias. Eso sí, en el sector se mantienen a diario los contactos habituales y sólo las entidades más fuertes ponen como condición la recepción de ayudas públicas para hacerse cargo de las más débiles.
En principio se darán con cuentagotas por el excesivo déficit y deuda del Estado y el dinero que se destine para el saneamiento financiero está reservado para vender las cajas nacionalizadas (Unnim, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).
En las últimas semanas las expectativas de una nueva oleada de integraciones de manera contundente se ha diluido y la mayoría en el sector sostiene ahora que las operaciones se reducirán a la mínima expresión. Incluso, algún directivo se atreve a decir que no habrá ninguna al margen de las nacionalizadas. Por lo que el objetivo del ministro Luis de Guindos de recortar el número de entidades a doce parece una quimera.
Sin movimiento
Las ventajas que otorga la reforma no han supuesto un incentivo para que los movimientos se aceleren y los proyectos que manejan a día de hoy se basan en agotar todas las alternativas para conseguir los recursos para dotar las provisiones por importe conjunto de 50.000 millones este año en solitario antes de emprender una aventura con un socio.
La regulación además permite que el Estado conceda ayudas sin necesidad de integraciones, recuerdan varias fuentes del sector. "Esta vía será aprovechada por las entidades que no puedan cubrir con todos sus compromisos en septiembre", sostienen.
Es decir, que los planes que presenten en marzo no incluirán fusiones a no ser que el Gobierno abra la mano y conceda ayudas por el sistema anterior, con bonos convertibles, y no a través de acciones ordinarias. Y aún así la resistencia es máxima ante la pérdida de poder por parte de los gestores de los grupos más débiles. Prefieren agotar todas sus posibilidades y en otoño que entre el Estado con una participación minoritaria en el capital para conseguir los niveles de cobertura exigidos para su exposición inmobiliaria.
La única incertidumbre que existe es que el Banco de España de su aprobación a la hoja de ruta en solitario de cada una de las entidades. Para algunas fuentes del sector esta duda no debe ser demasiado preocupante, ya que el interés de los grupos más fuertes es mínimo por absorber las débiles. Incluso con ayudas del Estado por la carestía de éstas. Los convertibles llevan aparejado el pago de unos intereses anuales de en torno al 8 por ciento. En cambio, sí lucharán por lograr un Esquema de Protección de Activos (EPA) para quedarse con las entidades que subasten.
La CAM, el precedente
Este mecanismo de ayuda no supone coste alguno y la puja de la CAM, que ganó el Sabadell, es un precedente claro de sus ventajas. Por tanto, los más sanos esperarán a crecer con las subastas e, incluso, forzarán que haya más entidades que pasen a manos del Estado a partir de septiembre para que las oportunidades sean mayores.
Es más, entidades que han sido cuestionadas por el mercado podrán participar en estas pujas para contar con los beneficios que facilita la legislación aprobada tanto por el Gobierno como por el Banco de España.
Bankia es una de ellas, pero no la única que intentará adjudicarse una entidad nacionalizada. El grupo que preside Rodrigo Rato pujará fuerte por Unnim, a pesar de que ha insistido en la última semana que es capaz de generar las exigencias de la nueva regulación durante 2012 después de haber cargado al ejercicio anterior parte del impacto.
BMN, liderado por Caja Murcia, también quiere entrar en los procesos de subasta que se avecinan. En su caso, el objetivo es absorber Banco de Valencia, que tendrá que adjudicarse antes de verano.
El Gobierno es consciente de las intenciones del sector. Tal es así que ha tenido que rectificar en sus declaraciones iniciales, en las que rechazada cualquier tipo de ayuda en el saneamiento del sistema, incluidas las ventas de las nacionalizadas. Una de las medidas que ha adoptado es la inyección futura de 6.000 millones al Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob), para que éste cuente con un patrimonio de 15.000 millones.
¿Qué fondos usar?
La segunda decisión es analizar las opciones que existen para que el sector pague parte de la factura, como en el caso de la CAM. El Ejecutivo quiere usar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), pero los recursos de esta hucha son escasos, con lo que Economía podría obligar a que las entidades hagan una derrama o adelanten parte del dinero. También se plantea la posibilidad de que el Tesoro avale emisiones de deuda del FGD o incluso aportar recursos de manera directa a este instrumento.
Sea cual sea el camino en el sector se da por hecho que la reforma, a pesar de la dureza de las provisiones, no servirá para los objetivos establecidos: ni acelerará las fusiones ni aumentará el flujo del crédito a empresas y familias.
La reforma se convalidará mañana en el Congreso de los Diputados. El PSOE votará a favor del decreto, con lo que la oposición se suma a la iniciativa del Gobierno. Así lo anunció ayer la recién estrenada portavoz socialista, Soraya Rodríguez, que justificó el voto positivo con un doble argumento: el texto es una "continuación" de las reformas emprendidas por el Ejecutivo de Zapatero y no traspasa "la línea roja" de utilizar dinero público para el saneamiento de entidades con problemas. "Queremos ser una oposición útil superando las formas del PP", defendió Rodríguez tras criticar que no haya habido una negociación con el principal partido de la oposición. PSOE y PP pactaron cinco de los seis decretos en la anterior legislatura y, en el último, los populares se abstuvieron.
El PSOE reclamó además la creación de una subcomisión de seguimiento que vigile la evolución de las fusiones, así como la concesión de crédito y el cumplimiento de las reglas de transparencia. Fuentes populares abrieron la puerta a esta opción si tiene "utilidad real".
Entretanto, el PP negocia con CiU -además de con el PNV- para que respalde una reforma que, desde un primer momento, vio con "buenos ojos". El principal punto de negociación: CiU reclama que la inversión social de las fundaciones se haga de forma proporcional independientemente de dónde se establezca su sede.
Las cajas tendrán que sanear contra resultados
