La llegada del petróleo a los cien dólares ha reforzado los argumentos de la Comisión Europea sobre biocarburantes. Si los objetivos propuestos por el Ministerio de Industria sobre el uso de los mismos ya han levantando ampollas entre las petroleras y los productores, las directrices que piensan marcar desde la Unión Europea pueden aumentar este conflicto, ya que pretenden multiplicar por seis el consumo de estos combustibles en España.
En la actualidad, nuestro país apenas utiliza un 1 por ciento de biocarburantes, pero según el borrador de la directiva europea sobre promoción del uso de fuentes de energías renovables a la que ha tenido acceso elEconomista, en el año 2012 el porcentaje de combustibles verdes tendrá que ser, como mínimo, del 6,5 por ciento.
Reducir la dependencia del petróleo
Lo cierto es que parece que los biocombustibles han llegado al Viejo Continente para quedarse, o al menos esto es lo que se desprende del texto de la directiva: "El mayor uso de los biocombustibles para el transporte es una de las herramientas más eficaces con las que la Comunidad puede reducir su dependencia del petróleo importado".
Esta nueva norma cambia el panorama que había fijado la directiva anterior, que establecía un mínimo del 5,75 por ciento para 2010; un objetivo inferior al que ha propuesto el departamento dirigido por Joan Clos. Según los objetivos fijados por el Gobierno español, un 5,83 por ciento de los carburantes utilizados en el transporte tendrán que ser verdes dentro de dos años.
Plan de actuación
La Comisión Nacional de la Energía rechazó esta propuesta de Industria hace varias semanas por considerar que tenía que ser más flexible, pero ahora a España parece que no le quedará más remedio que ponerse las pilas y comenzar a fomentar el uso de biocombustibles para alcanzar ese 6,5 por ciento. De hecho, en el texto europeo se insta a los Estados miembros a que elaboren un plan nacional de actuación para llegar a las metas fijadas desde Bruselas.
Pero el porcentaje del 6,5 por ciento con el que tendrán que cumplir las petroleras y las estaciones de servicio en 2012 no es el único cambio que establece la nueva directiva sobre renovables. Las modificaciones también afectan a la expedición de las llamadas "garantías de origen", aquellos certificados que garantizarán que la energía consumida proviene de fuentes renovables.
Mercado de certificados de origen
Según el actual sistema español, gestionado por la CNE, sólo las compañías generadoras podrán solicitar estas garantías, mientras que la Unión Europea dictará que cualquier tipo de sociedad podrá ser titular de estos certificados, algo que podría crear una especie de segundo mercado de garantías de origen y que elevaría los precios, por lo que ha recibido ya la oposición de España, como adelantó este diario.
Empujón a los más 'verdes'
Pero ya se sabe que no siempre llueve a gusto de todos. Si la subida en el porcentaje mínimo de biocombustibles será un varapalo para las petroleras que se vienen oponiendo desde hace meses a la fijación de esos objetivos y al poco tiempo que se les da para aplicarlos, los planes europeos beneficiarán a otros.
¿Y quiénes serán los afortunados? Las eléctricas con mayores activos de renovables, puesto que la propuesta de directiva europea deja las manos libres a los Estados miembros para discriminar quién tiene acceso a las redes de transporte y quiénes no. Concretamente, el documento redactado por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión explica que "los Estados miembros podrán facilitar el acceso prioritario al sistema de redes de la electricidad producida a partir de fuentes de energías renovables."
Asimismo, la nueva normativa europea también reparte responsabilidades para los operadores del sistema que, en el caso de España, es Red Eléctrica. En caso de que el Gobierno lo decida podrá obligar a la compañía presidida por Luis Atienza a que asuma los costes -totales o parciales- de las reformas técnicas necesarias para integrar en la red a los generadores de electricidad que utilicen fuentes renovables. Todo esto, en cuatro años, sin olvidar el ya famoso objetivo de tener un 20 por ciento de fuentes de energía renovables para 2020. Pero además desde Bruselas no tienen intención de dar manga ancha a los Estados, sino que se les seguirá bien de cerca.
En primer lugar el plazo para adaptar la nueva directiva, incluyendo la puesta en marcha de toda la legislación necesaria, terminará el 31 de marzo de 2010. Un año y tres meses más tarde, el 30 de junio de 2011, España y sus colegas europeos tendrán que haber dado cuenta ante la Comisión de cómo marcha la adaptación de la normativa, al tiempo que el mismo organismo hará un seguimiento pormenorizado del origen de los biocombustibles.
