El Zaragoza ha sido el último club del fútbol español en acogerse a una Ley Concursal que en el mundo del balompié genera importantes disensiones hasta el punto de que alguno de los clubes reclaman que se modifique la norma para adaptarla al balompié. La modificación pretende evitar que la norma se convierta en una herramienta con la que adulterar la liga.
Según esta teoría, el concurso de acreedores beneficia a los tramposos y perjudica a los honrados. Esto es: los primeros se dedican a fichar a jugadores de importante nivel para, llegado el momento de no poder pagarlos, entrar en concurso de acreedores y evitar así el descenso administrativos.
Estos futbolistas relevantes siguen disputando encuentros y marcando goles para los clubes que no les pagan lo prometido cuando los contrataron.
Los clubes honrados, por el contrario, sabedores de que no pueden hacerse con los servicios de estos buenos jugadores, prefieren contratar a otros de menos nivel, pero asegurarse de que sí les podrán pagar el 100% de lo pactado.
La historia dice que los equipos que los primeros, los tramposos, suelen salvar la categoría con más facilidad que los segundos. Estos conjuntos suelen marcharse al pozo de la Segunda y allí, con muchos menos ingresos que en Primera, su supervivencia se complica en un panorama más oscuro incluso que el de aquellos cuadros que mantienen la categoría, aunque sea con el concurso de acreedores en marcha.
La ley establece que la entrada en el concurso de acreedores no abarata el precio de la salida de estos jugadores. Sus cláusulas se mantienen intactas, aunque sus equipos les paguen mucho menos de lo pactado. La competencia desleal, así pues, resulta evidente y la adulteración del torneo, también.
Así lo ven algunos de los conjuntos 'honrados'. Abel, técnico del Valladolid lo explica de manera gráfica:
"No es lógico que mi equipo se fuera al hoyo hace una temporada por contener su gasto de fichajes y no entrar en ley concursal y que el Levante se mantenga con total tranquilidad en Primera pese a que no hicieran los deberes hace dos años y dejaran sin pagar el 80% de su sueldo a sus jugadores. Eso se llama adulterar la competición", explicó hace semanas en la Cadena Cope.
Algo similar afirma Ángel Torres, presdiente del Getafe, a propósito del caso Uche. El Zaragoza (ahora en concurso de acreedores) fichó al nigeriano hace dos campañas por seis millones de euros que debía abonar en tres plazos de dos millones de euros. A Getafe sólo llegó el primero, pero no los dos siguientes.
El mandatario azulón llegó a pedir el descenso administrativo del club de la Romareda. También propuso que Uche no pudiera jugar en Liga o que el Zaragoza pagase la deuda traspasándole a varios de sus jugadores por el valor del delantero.
Nada de eso ocurrió: la deuda se mantiene y el Getafe, como el resto de los acreedores de los zaragozanos, tendrá que renegociar su deuda con los nuevos acreedores mientras Uche sigue haciendo goles con el Zaragoza.
El último ejemplo de descontento lo pone Fernando Roig, presidente del Villarreal. Roig pide que se modifique el sistema de fondo de garantía salarial que rige en la LFP. Según esta norma, el salario restante de los jugadores de clubes en concurso de acreedores debe salir de un fondo de garantías que ahora se encuentra congelado por la falta de un acuerdo para el convenio colectivo.
Este fondo nace del bolsillo de los otros equipos que sí pagan a sus jugadores. "No hay derecho a que un equipo que gestiona bien descienda porque no hace un despilfarro y otro que lo hace, se salva y luego no paga a los jugadores", afirma Roig. Según su visión, son estos clubes 'honrados' los que terminan manteniendo a los 'tramposos' a través de este fondo de garantía.
El caso del Zaragoza